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El sistema sanitario argentino: inequidades, obras sociales y modelos regionales para imitar

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BUENOS AIRES, diciembre 2011: En esta columna de opinión, titulada “Curar al sistema de salud” y publicada en el diario Perfil, Federico Tobar, investigador principal de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) analiza el actual modelo sanitario, y las deficiencias que deben corregirse.

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Todo sobre mi padre
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No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. (S. Freud)
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Informe especial: la trazabilidad de medicamentos en el mundo pone en tensión lo ideal con lo real
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En varias partes de mundo sucede que los sistemas pensados para controlar los medicamentos chocan con las barreras diarias que sufre el sector de farmacias. Como en la Argentina, las dudas generan polémica. En Brasil, por ejemplo, el sistema aprobado en 2009 se abrió esta semana a sugerencias, ante los reclamos. En Colombia no se puede implementar desde 2007, y se teme la injerencia descomunal de la industria. Cómo trazan los países del primer mundo.

El sistema de salud es inequitativo en la financiación y en los resultados de salud. El presupuesto en salud por habitante de Santa Cruz es siete veces mayor al de Misiones. La brecha en la mortalidad de menores de cinco años entre Formosa y Tierra del Fuego es de casi siete veces.

No desmontamos aún un modelo neoliberal que concibe la salud como una mercancía y la atención como una “demanda” antes que un derecho. Pero hay ejemplos más exitosos.

En Brasil, la gestión de Lula da Silva resolvió que las enfermedades más caras sean cubiertas por el Estado y no por las prepagas. Para ello se definen protocolos de atención que deben ser cumplidos en todos los casos y los medicamentos se compran mediante licitaciones públicas del gobierno central.

En Chile el gobierno de Michelle Bachelet creó puentes entre el sistema público y el privado con protecciones para enfermedades priorizadas según el peso sanitario y el peso económico de su tratamiento. Definieron garantías explícitas para unas ochenta enfermedades. Los subsistemas y la descentralización de los servicios públicos continúan, pero hay un compromiso nacional para que frente a las garantías explícitas no haya más desigualdades.

Con la gestión de Tabaré Vázquez, en Uruguay, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) se convirtió en un Seguro de Enfermedades Catastróficas. Se definió un conjunto de patologías y prestaciones de alto costo, se protocolizó su diagnóstico y tratamiento, qué servicios públicos y privados brindan prestaciones y a qué valores, y las prestaciones médicas de alta complejidad y los medicamentos se compran en forma centralizada. Cuando un paciente del sector público, de una mutual o de una prepaga padece una enfermedad cara, la cubre el FNR.

En la Argentina, la Resolución 1.200 de la Superintendencia de Servicios de Salud propuso el Sistema Unico de Reintegros (SUR), que reemplazaba los mecanismos de la disuelta Administración de Programas Especiales (APE). Era un avance parcial, que explicitaba las prestaciones a ser reembolsadas para las obras sociales nacionales vinculadas a un conjunto de patologías catastróficas. Antes la APE transfería fondos a las obras sociales para financiar estas patologías, pero lo hacía por vía de excepción y con muy poca transparencia.

La suspensión de la Resolución 1.200 abre una oportunidad para reducir inequidades e integrar respuestas. Los sindicalistas cuestionaron que resulte suficiente para garantizar la transparencia y automaticidad de la financiación, porque afirman que los reintegros se harán “según las disponibilidades presupuestarias y las razones de oportunidad, mérito y conveniencia”. En respuesta, la Superintendencia de Servicios de Salud convocó a presentar propuestas en los próximos 15 días en el marco del auspicioso Decreto 1.172/2003 de elaboración participativa de normas.

La convocatoria podría ser un punto de inflexión para que se resuelvan los problemas de salud. Es posible incorporar más equidad en todo el sistema e iniciar su integración patología por patología. Cippec propone aprovechar la oportunidad y construir un “seguro nacional de enfermedades catastróficas”. Los recursos podrían provenir del Fondo Solidario de Redistribución más un aporte capitado de las obras sociales provinciales y de las empresas de medicina prepaga, que no tendrían que afrontar gastos catastróficos.

El Estado podría complementar con un aporte capitado por los 14 millones de ciudadanos que hoy sólo acceden al sector público, pero este aporte podría resultar proporcionalmente menor buscando compensarlo con las otras fuentes.

Esto haría al sistema más sostenible y permitiría avanzar hacia una cobertura universal (no sólo para quienes tienen obra social) y con protecciones de calidad homogénea (se evitan tratamientos diferentes para ricos y pobres). Podría hacerse a un costo hasta 75 por ciento inferior al actual con economías de escala y el pool de riesgo adecuado, y mediante un ente público no estatal en el que participen los diferentes grupos de financiadores.