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VIENDO 21/11/19
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Alertan que los recursos para acceder al cannabis medicinal “todavía resultan insuficientes”

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BUENOS AIRES, noviembre 21: Un informe del Ministerio Público de la Defensa (MPD) analizó unas 20 causas iniciadas para acceder a los tratamientos. Concluyeron que existen todavía problemas en el Estado para el acceso, además de contradicciones entre la ley que legaliza el uso y la que prohíbe el cultivo.

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Las limitaciones de la ley que legaliza en uso de cannabis medicinal en el país terminaron judicializando el acceso a los productos, ya que salvo los pacientes con epilepsia refractaria el resto debe buscar mediante un amparo para que se le entreguen legalmente. Esta situación termina distorsionando el espíritu de la ley, que las organizaciones que nuclean a los pacientes piden se amplíen. Un reciente informe analizó la forma en que los pacientes argentinos acceden al aceite de cannabis y otros tratamientos, y concluyó que hasta el momento los recursos, en especial los del Estado, “todavía resultan insuficientes”. Además, se habló de una contradicción que existe entre las leyes que legalizan el uso pero las que prohíben el cultivo, lo que hace que se profundice la vía judicial.

El trabajo del Ministerio Público de la Defensa (MPD), organismos de defensa de los Derechos Humanos que depende de Nación, analizó una serie de causas judiciales iniciada por pacientes con distintas patologías, para acceder al cannabis medicinal. En total, se estudiaron 18 casos, que forman parte del boletín "Cannabis Medicinal: Casos judicializados", elaborado por la secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de esa dependencia. De ese total, ocho fueron resueltos por tribunales de primera instancia y diez por tribunales de apelación. De estos pronunciamientos, uno fue emitido en 2016; cinco en 2017; nueve en 2018; y tres en 2019. Las personas que realizaron los reclamos presentaban diversas patologías como, por ejemplo, síndrome de West, epilepsia refractaria, HIV, hepatitis C, síndrome de Tourette, anormalidades de la marcha y de la movilidad, entre otras.

Entre las conclusiones que sacó la entidad, se destaca que los recursos del Estado para abastecer de este tipo de productos “todavía resultan insuficientes”, y que “la coexistencia de leyes que de un lado prohíben el cultivo y tenencia de cannabis y de otro lado autorizan su uso en determinados supuestos, junto con la falta de suministro de la sustancia por parte del Estado, han generado que algunas personas hayan recurrido a los tribunales a fin de solicitar autorización para cultivar con fines medicinales”. Además, el Ministerio Público de Defensa advirtieron que las decisiones recolectadas “son una pequeña muestra de la cantidad de casos en los que el acceso al cannabis estuvo o aún está restringido”. También resaltaron las barreras de orden administrativo por “la falta de procedimientos adecuados que impiden resolver de manera simple y rápida los requerimientos en materia de salud sin recurrir a la administración de justicia”.

“En más de la mitad de los casos se discutió la posibilidad de que una obra social o una empresa de medicina prepaga cubriera el costo del tratamiento con cannabis; mientras que en los restantes se demandó la provisión estatal de este tipo de producto, como también la autorización para autocultivar con fines medicinales”, aseguró el informe. La primera sentencia de la que se tiene registro se dictó en noviembre de 2016. En aquella oportunidad, los padres de un niño con síndrome de West, solicitaron a su obra social (OSPe) la cobertura integral del producto Charlotte’s Web Hemp Extract Oil. En 2017, el Congreso sancionó la ley 27.350, que creó, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, un registro nacional voluntario y confidencial para autorizar la inscripción de los pacientes y sus familiares que presenten las patologías incluidas en la reglamentación o prescriptas por médicos de hospitales públicos que sean usuarios de aceite de cannabis y otros derivados de esa planta.

Uno de los casos logrados de este organismo se dio en La Plata, donde la justicia federal emitió una medida cautelar que ordena a una obra social suministrar cannabis medicinal a un chico de un año y siete meses que padece de síndrome de West, o encefalopatía epiléptica refractaria. Esa enfermedad le hacía sufrir al niño más de 600 convulsiones diarias, que se redujeron a alrededor de 100 con la primera dosis del aceite derivado del cannabis. El pedido de la medida cautelar, que fue respaldado por el defensor oficial, sostuvo que ninguna otra medicación, ni terapia, ni dieta que los médicos intentaron antes con el niño resultó tan eficiente para mejorar su salud como la medicación que se le solicita a OSPe.