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VIENDO 24/10/19
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La Defensoría del Pueblo bonaerense también pide por la vacuna contra la meningitis

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LA PLATA, octubre 24: La entidad se presentó en la justicia para ser incluido en las causas abiertas contra la secretaría de Salud nacional, que debe explicar los motivos de la baja de las dosis y los fondos que no se usaron, entre otras cuestiones. “La interrupción en la entrega de vacunas para niños por parte del Estado es inaceptable”, dijo el titular de la entidad, Guido Lorenzino.

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SAN FERNANDO, octubre 7: El gobierno provincial informó que los programas ncionales que presentan faltantes serán abastecidos con recursos locales, para evitar que los pacientes queden sin cobertura.
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BUENOS AIRES, enero 15: En todo el país los farmacéuticos aseguran que siguen los problemas de suministros, desde jeringas hasta analgésicos y oncológicos. Si bien algunos productos comenzaron a llegar a los mostradores, la cuestión de fondo sigue sin resolverse. Los faltantes afectan directamente la rentabilidad del sector. “La situación económica de las farmacias se está volviendo crítica y se acerca a un punto límite”, denuncian.

Dentro de pocos días, se vencerá el plazo para que el secretario de Salud nacional, Adolfo Rubinstein, explique los motivos por los cuales se dejó de aplicar la dosis de la vacuna contra la meningitis a niños de 11 años, y qué se hicieron con los fondos, entre otras cuestiones. El reclamo de la justicia se conoció la semana pasada, luego de un amparo de una OMG que rechazó el recorte y pidió por la distribución de las dosis. Este miércoles, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires se presentó ante el juzgado a cargo para pedir ser incorporado en el expediente, y apoyó la presentación realizada por la entidad no gubernamental de La plata. “La interrupción en la entrega de vacunas para niños por parte del Estado es inaceptable”, sostuvo su titular, luego de presentar el recurso.

La presentación realizada por la Defensoría del Pueblo bonaerense se dio en la causa que lleva adelante el juez provincial Alberto Recondo, en el marco de la suspensión de la aplicación de la dosis a los niños de 11 años por problemas de abastecimiento. La misma se abrió por pedido de la Asociación Civil por la igualdad y la Justicia (ACIJ), y la defensoría pidió “colaborar en la causa que se sigue contra el Estado nacional por el faltante de vacunas que forman parte del calendario de vacunación”. La entidad quiere que “sea tenido en cuenta como amicus curiae en la causa que lleva adelante la asociación civil contra la secretaria de Salud de la Nación”. La intervención de la Defensoría se da como respuesta “a la delicada situación que atraviesa la Provincia y el resto del país, y tiene lugar luego de presentar distintos procedimientos administrativos que relevaron el estado de situación y pidieron explicaciones a las autoridades por esta problemática”.

En ese sentido, y teniendo en cuenta que la causa mencionada es de carácter colectivo, el organismo pidió que se lo tenga en cuenta para aportar su mirada de derechos humanos a través de un informe pormenorizado sobre lo que sucede en la Provincia. “La interrupción en la entrega de vacunas para niños por parte del Estado es inaceptable. Es necesario que se garantice la disponibilidad y los servicios de vacunación, en forma gratuita y equitativa, para sostener una política pública vital para proteger a toda la población”, sostuvo Lorenzino.

Además de la causa colectiva, la justicia federal también se involucró en la disputa. La semana pasada, la jueza federal María Alejandra Biotti pidió que Rubinstein informe “cuál es el plan para reponer la vacuna contra la meningitis para la población con 11 años, qué sucedió con los fondos que no se destinaron a proveer esas dosis y qué ocurrió con el sistema de compra y distribución para que se generara el faltante”. Para esto, el funcionario tendrá 10 días a partir de la fecha de emisión del fallo (el jueves pasado). "La suspensión de la aplicación de vacunas otorgadas gratuitamente por el Estado es una regresión en la garantía de derechos que debe ser justificada en relación a la realización del resto de los derechos humanos, y en el contexto del aprovechamiento máximo de los recursos disponibles", apuntó ACIJ al dar a conocer la decisión de la magistrada.