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VIENDO 18/10/19
SeguridadSocial

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En defensa del sistema solidario, obras sociales sindicales lanzan un espacio en conjunto

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BUENOS AIRES, octubre 18: Unas 30 organizaciones formaron Obras Sociales Unidas (OSU), que busca fortalecer la posición de las entidades ante los “aumentos exagerados de las prestaciones médicas y farmacéuticas”.

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Hace unos días, el gobierno nacional confirmó el giro de unos 3 mil millones de pesos desde este mes hasta diciembre, destinado a financiar mediante un fondo especial las obras sociales sindicales. La medida se tomó luego de un largo reclamo de las entidades, que vienen alertando los problemas de financiamiento que sufren, lo que pone en jaque la atención de millones de trabajadores. La situación de este sector de la seguridad social, que junto al PAMI y las obras sociales provinciales atienden al 60 por ciento de los habitantes del país, se viene deteriorando en los últimos años, de la mano de la caída del empleo formal, principal forma de financiamiento del sector. Ante la falta de respuestas, unas 30 entidades formaron un espacio en común, para llevar sus pedidos ante las autoridades. Aseguran que el principal problema que deban afrontar “el aumento exagerado de las prestaciones médicas y farmacéuticas”.

Obras Sociales Unidades (OSU) es un espacio donde unas 30 entidades sindicales buscan coordinar sus esfuerzos en defensa del sistema solidario. Como el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA), buscarán articular medidas para “combatir los aumentos exagerados de las prestaciones médicas y farmacéuticas”, y mejorar la atención de sus afiliados. “La nueva entidad de segundo grado tiene el fin de proteger a los beneficiarios de la seguridad social y articular los intereses comunes de los agentes del seguro de salud solidaria frente a los excesivos precios de las prestaciones médicas y de los medicamentos”, explicaron en un comunicado que enviaron a la prensa.

La idea de la USO es “articular las políticas e intereses comunes de sus integrantes; estudiar y difundir la relación costo beneficio de las prestaciones sanitarias; analizar el impacto económico y social de las tecnologías sanitarias; promover la valoración clínica, ética y económica de la tecnología sanitaria y sus prioridades de utilización; producir y difundir informes, recomendaciones y protocolos de utilización de los nuevos procedimientos sanitarios; y contribuir a reducción de la litigiosidad por la cobertura de tratamientos y procedimientos sanitarios”. Además la flamante organización se encargará de peticionar ante la autoridad y ser órgano de consulta de ésta respecto de la inclusión y eficacia de las prácticas cubiertas por la seguridad social. Los dirigentes la imaginan como una estrategia para realizar compras conjuntas y reorganizar y optimizar eficazmente los recursos administrativos, económicos, humanos, técnicos y científicos de las organizaciones miembros.

Las obras sociales sindicales ocupan un lugar central en el sistema de salud de la Argentina. “En la actualidad, alrededor de un tercio de las personas se atienden en el sector público, las prepagas atienden entre un 7 y un 10 por ciento, y las obras sociales nacionales y provinciales y el PAMI cubren casi al 60 por ciento de la población”, señaló Daniel Maceira, investigador del CONICET y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Las obras sociales se financian principalmente con los aportes de los trabajadores y empleadores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un 3 por ciento de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro 5 por ciento. Según datos de la AFIP, en 2016 los aportes de empleados y empleadores destinados a la cobertura de salud sumaron 108 mil millones de pesos, un 33 por ciento más que en 2015.

La crisis de la seguridad alcanza a casi todos los espacios. Esta semana, Fernando Cañete, secretario del COSSPRA, sostuvo que “el sistema de salud actual está quebrado y si no cambiamos las reglas del juego, seguirá así. El costo de la crisis actual impacta en la calidad del servicio y esto lo paga la gente, sea por el aumento en el gasto de bolsillo o por la baja calidad de las prestaciones”. “Esta situación es inadmisible y limita, cuando no priva, el acceso a la salud de la población”, aseveró, por lo que consideró que “es fundamental desarrollar un sistema integrado y federal basado en acuerdos, diálogo y consenso”. Cañete, que integra el consejo de COSSPRA en representación de IOSPER-obra social de Entre ríos –aseguró que “la problemática que hoy enfrentan las obras sociales provinciales (OSP) es de larga data; pero en este contexto se agudizó como consecuencia de la situación económica nacional y de la inflación, ya que afecta la posibilidad de compra que tenemos las obras sociales provinciales y las prestaciones”.