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VIENDO 23/7/19
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#Opinión

El negocio de la salud: se va dando un progresivo proceso de privatizaciónADJUNTO

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BUENOS AIRES, julio 23: Nicolás Kreplak y Enio Garcia, de la Fundación Soberanía Sanitaria, critican los recortes que se produjeron en los últimos tiempos en el sector, y hacen un diagnóstico de las posibles consecuencias a futuro.

#NuevosTratamientos
La FDA aprobó el uso de un nuevo antibiótico para tratar la tuberculosis
ADJUNTO
WASHINGTON, agosto 15: la agencia reguladora de Estados Unidos dio el visto bueno para el uso de pretomanida en combinación con bedaquilina y linezolida para el tratamiento de un tipo específico de la enfermedad.
#Regulaciones
Por distintas irregularidades, la ANMAT retiró dos medicamentos de uso hospitalario
ADJUNTO
BUENOS AIRES, agosto 14: La agencia reguladora informó que junto a los laboratorios productores inició el retiro del mercado de varios lotes un tratamiento contra las alergias y una solución de contraste. Por otro lado, la entidad firmo un acuerdo de colaboración con el SENASA.

El modelo neoliberal impulsa una reducción del Estado y su capacidad de intervención que favorece la destrucción sistemática de derechos junto con la profundización de las inequidades y la injusticia social. En el campo sanitario, distintos organismos internacionales, vienen impulsando reformas en los sistemas de salud de los países con el objetivo de garantizar la atención sanitaria a través de la contratación de seguros de salud como respuesta a los problemas de cobertura, financiamiento y calidad de los sistemas actuales.

Estas reformas promovidas por organismos como el Banco Mundial y la OMS, están asociadas a un discurso más amplio sobre los procesos de modernización del Estado que buscan un supuesto incremento de la eficacia y eficiencia, la transparencia, la contención del gasto público y el combate a la corrupción estatal. Todo esto sería alcanzado a través de la apertura total a agentes de mercado que regularían los procesos a través de la generación de competencia entre ellos.

Las empresas de seguro de salud suelen ser entes privados que compran prestaciones a los servicios de salud (hospitales, clínicas, laboratorios) para ofrecerlos a sus clientes, otrora conocidos como pacientes, funcionando como ese “agente de mercado” que regularía la calidad y transparencia del sistema de salud. El ejemplo más emblemático de este tipo de sistema es el aplicado en Estados Unidos, que preconiza la posibilidad del acceso a servicios de salud según la posibilidad y capacidad de pago del usuario generando grandes inequidades y distorsiones en la salud de la población.

En Latinoamérica, Colombia fue el país que implementó de manera más radical este tipo de reforma en su sistema sanitario. El gasto en salud en Colombia aumentó sustancialmente, un dato que parece muy positivo teniendo en cuenta la baja inversión que ese país hacía en el área sanitaria. No obstante, como en Estados Unidos, el gasto no presenta una correlación con las mejoras en la salud de la población. Al contrario, se vio disminuida la cobertura de varias vacunas, empeoró el combate a enfermedades como la tuberculosis y se produjo el cierre de varias camas hospitalarias.

¿Pero, cómo es posible elevar el gasto sanitario sin la obtención de resultados equivalentes y sin mejorar sustancialmente el acceso a la salud de la población? El objetivo principal de estas reformas no está relacionado con la mejora de la salud, sino con la generación de un lucrativo negocio basado en los principios del libre mercado. Bajo esta lógica, los servicios de salud son convertidos en productos que se pueden comprar y vender indiscriminadamente, pasando a ser una mercancía más en un sistema donde la acumulación de ganancias es el principal objetivo.

En este sistema, cada persona seria libre para ir al mercado y elegir el seguro que más le convenga según prestaciones a cubrir, cartilla de servicios disponibles y precio. Para cubrir la atención sanitaria de las personas que no pueden pagar por un seguro, el Estado deja de financiar la oferta de servicios públicos, considerados ineficientes per se, pasando a financiar directamente a las personas (financiamiento de la demanda), a través de una especie de “voucher” para que la persona pueda contratar su seguro. Otras veces el Estado tiene una especie de aseguradora pública que compra servicios de salud, fundamentalmente del sector privado. De esta manera todos tendrían su “carnet de medicina pre-paga”, segmentado por la capacidad de pago de cada familia o individuo y sin ningún mecanismo solidario intermediando la sustentabilidad económica del sistema.

Esta lógica genera un traspaso fenomenal de recursos públicos, que se usaban para el financiamiento de los hospitales y centros de salud públicos, al sector privado que pasa a tener un amplio acceso a los fondos estatales (una especie de AFJP de la salud). En este sentido se va dando un progresivo proceso de privatización de la salud y de creación de negocios con elevadas tasas de rentabilidad al menor riesgo posible.

La disminución del financiamiento sanitario nacional, el cierre de programas de salud, la subejecución presupuestaria, la pérdida de jerarquía del Ministerio de Salud de la Nación – transformado en Secretaría de Estado – y la actual autorización otorgada por el Estado para que la empresas de medicina prepaga ofrezcan planes con cobertura inferior al plan médico obligatorio, son indicios de que este tipo de reforma neoliberal en salud está siendo puesta en marcha en la Argentina. Es necesario debatir, principalmente en el actual contexto electoral, si se quiere seguir llevando adelante este proceso de reforma en el país o si es necesario recuperar a la salud como un bien público y colectivo, un derecho inalienable de la población.