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VIENDO 22/7/19
Discapacidad

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Entre Ríos le reclamó a Nación la entrega de medicamentos para personas con discapacidadADJUNTO

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PARANA, julio 22: Desde el Ministerio de Salud provincial le pidieron a la Agencia Nacional de Discapacidad por el suministro de tratamientos, que desde hace un tiempo sufren de demoras y faltantes, que se repiten en los últimos meses.

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En la reciente Cumbre Global de Discapacidad, que se hizo a principios de junio en Tecnópolis, organizaciones sociales y sanitarias reclamaron ante las autoridades por los recortes que se viven en el sector, y que afectan a los programas nacionales de ayuda a personas con distintos grados de discapacidad. Uno de los temas centrales del pedido es la falta de entrega de algunos medicamentos, que deben llegar a los pacientes mediante los planes nacionales de ayuda. A pesar de las promesas, por el momento la situación no se normalizó, por lo que en muchas provincias siguen los reclamos y la bronca. En Entre Ríos, por ejemplo, el propio Ministerio de Salud le envió en estos días una carta documento a la Agencia Nacional de Discapacidad, para que normalice la entrega de tratamientos. La titular del área, Sonia Velázquez, reclamó “la entrega de medicación a personas con discapacidad de la provincia que están con cobertura del gobierno federal y que soportan desde hace meses la entrega fraccionada y los faltantes”. El gobierno local se hace cargo con recursos propios de suplir esta entrega, pero no logra cubrir la demanda.

La ministra Velázquez exigió en estas horas mediante una carta documento dirigida a Nación en representación de los pacientes que están esperando sus medicamentos que se cumplan los compromisos asumidos. “Las explicaciones que dan es que es un problema de Aduana; o que hicieron la licitación pero fracasó, pero mientras tanto la gente espera sin respuesta”, remarcaron desde la cartera sanitaria. No es la primera vez que la Provincia exige a la Nación el cumplimiento de compromisos contraídos en materia de salud. En junio último, eligió la misma vía para exigir el cumplimiento en el envío de dosis de vacuna incluidas en el calendario oficial de vacunación. En discapacidad, el retiro de los compromisos de Nación no sólo lo soportan los pacientes que tienen convenios directos con Nación sino también organizaciones no gubernamentales (ONG) como el Hogar Don Uva, que alertó sobre el riesgo de cierre ante la escasez de fondos.

En agosto de 2018 19 instituciones de toda la provincia que atienden a 520 beneficiarios con distintas discapacidades plantearon al Ministerio de Salud la seria situación por la que atravesaban. Lejos de solucionarse, el conflicto se fue agravando. En 2019, la Provincia debió rediseñar el gasto previsto en el Presupuesto y destinar buena parte de los fondos del Ministerio de Salud a cubrir prestaciones que estaban a cargo de la Nación, pero que desde 2016 en adelante se han ido suprimiendo: el ajuste afecta de manera directa al sector de población más sensible, las personas con discapacidad o con tratamientos de alto costo, como dializados o trasplantados.

La voz de alerta sobre la crítica situación que atraviesan las instituciones que eran asistidas por la Nación la dio la Obra de Don Uva, donde asisten actualmente a personas con discapacidad, enfermos mentales y ancianos: son 54 alumnos que a diario concurren a la escuela integral, 100 personas adultas con discapacidad intelectual que asisten al Centro de Día, alrededor de 15 personas que tienen residencia permanente en el Hogar San José, mientras que la residencia Sagrado Corazón alberga a mujeres ancianas. Carmen Patat, una de las religiosas de la orden Siervas de la Divina Providencia, alertó por un eventual cierre ante la falta de fondos. Desde el Ministerio de Salud señalan que la deuda que acumula la Nación con instituciones que dan asistencia a personas con discapacidad, pero también con institutos médicos que cubren transplantes, centros oncológicos y de diálisis, llega hoy a los 100 millones de pesos.

El programa Incluir Salud salió de la órbita del Consejo Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), organismo que fue suprimido, y se lo trasladó bajo jurisdicción de la Agencia Nacional de Discapacidad. La decisión implicó un severo atraso en el giro de fondos para el pago de prestaciones de personas con discapacidad sin cobertura social. Como la situación ha ido agravándose, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, decidió intervenir y envió una carta documento a las autoridades nacionales de Salud para pedir que se cumpla con la asistencia de pacientes que han quedado a la deriva. Se trata de pacientes que aguardan medicación de alto costo que financia la Nación, pero que no llega a la provincia. Los funcionarios nacionales aducen tema de Aduanas, que la medicación no ingresa, o que llamaron a licitación y se declaró desierta.