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VIENDO 28/6/19
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Entre Ríos plantea su propia agencia para autorizar nuevos fármacos y otros insumosADJUNTO

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PARANA, junio 28: El gobierno comenzó a trabajar en una iniciativa similar a la que plantea Nación, para analizar la aprobación de nuevos tratamientos y estudios. El objetivo es “darle sustentabilidad al sistema de salud”. Convocaron a las obras sociales a trabajar en la materia.

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Desde 2016 el gobierno nacional intenta lograr los consensos necesarios para aprobar una nueva agencia de tecnología sanitaria, una entidad que analizará los nuevos medicamentos y estudios médicos y determinará si deben ser parte de la seguridad social. Pese a acordar con las obras sociales sindicales y otros actores del sector su necesidad, la ley que crea la denominada Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud (AGNET) está trabada en el Congreso, por estar atada a otras normas que forman la reforma laboral. Ante esto, la provincia de Entre Ríos decidió avanzar en un proyecto propio, que cree un organismo similar que actúe a nivel local. Para eso, convocó esta semana a distintos actores del sistema sanitario para dar los primeros pasos en la construcción de esta herramienta, que busca “darle sustentabilidad al sistema de salud”. Además del Ministerio de Salud, impulsa esta iniciativa la obra social estatal de la provincia.

Para la primera reunión, la cartera sanitaria entrerriana convocó a obras sociales y entidades de profesionales de la salud para analizar los alcances de esta iniciativa, que busca lograr “equidad, calidad de atención y eficiencia para entrerrianos con y sin cobertura de seguridad social”. El encuentro fue encabezado por la ministra de Salud, Sonia Velázquez y el presidente del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete; quienes presentaron el denominado Organismo Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Medicamentos, que realizará “estudios y evaluaciones de los instrumentos, técnicas, medicamentos y procedimientos clínicos así como de los sistemas organizativos en los que se desarrolla la atención sanitaria de acuerdo a criterios de seguridad, equidad y eficacia en base a su valoración ética, clínica, económica y social”.

“Nuestro país y provincia no se prepararon para este perfil socio-epidemiológico: la prevalencia de las enfermedades crónicas, el aumento de la esperanza de vida, la no regulación del uso de las nuevas tecnologías junto a la imposibilidad de tener una ley para realizar prescripciones de medicamentos responsablemente, son elementos recurrentes que no contribuyen eficazmente al sostenimiento del sistema”, sostuvo la ministra Velázquez. Además, precisó que “los estados provinciales tenemos que asumir cada vez más los costos que genera darle sustentabilidad al sistema de salud que está en riesgo no solo por los recursos económicos sino también por los humanos”. En este sentido ejemplificó: “No va a haber presupuesto que alcance para hacer una inversión, sobre todo para la atención y tratamiento de las enfermedades raras, si no hay una regulación integral urgente en materia sanitaria”.

Por su parte, Cañete remarcó la importancia del encuentro que permitirá sentar las bases para enfrentar “un sistema de salud abandonado por el gobierno nacional, a merced de la economía de mercado”. “Hemos convocado, en su momento, a las obras sociales sindicales y al Ministerio de Salud para plantear de qué manera generamos los anticuerpos necesarios para seguir teniendo un sistema de salud sustentable en el tiempo”, dijo. el funcionario analizó que “las nuevas tecnologías, los medicamentos de alto costo y la aplicación de leyes especiales, distorsionan los recursos y hacen que cada vez tengamos incidencia en menor cantidad de pacientes a mayor costo”.

A mediados del año pasado, el Senado nacional discutió en comisiones la creación de la nueva agencia de medicamentos, una iniciativa que motoriza el gobierno nacional, y se sumó a dos proyectos que forman la polémica reforma laboral. En esta ocasión, especialistas de distintos sectores analizaron el rol de esta herramienta, que deberá entre otras cuestiones decidir qué tratamientos y prácticas médicas tienen la suficiente evidencia científica para ser cubierto por la seguridad social. Entre sus detractores, la fundación Soberanía Sanitaria criticó el proyecto ya que “limita la posibilidad del Congreso Nacional de incluir nuevas prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO) por Ley; interviene luego de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que podrá autorizar la venta de productos que posteriormente pueden no estar en el PMO y, por ende, será el paciente quien deba pagarlo de su bolsillo”. Además, advirtieron que la agencia estará administrada por “grupos con claros conflictos de interés con los fines de la agencia” (representantes de obras sociales y de empresas de medicina prepaga), entre otras cuestiones.