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VIENDO 18/6/19
Opinión

#Opinión

Seguridad social: tratamientos de alto costo, ¿quién debería financiarlos?

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BUNEOS AIRES, junio 18: Luis Scervino, ex Superintendente de Servicios de Salud, analiza uno de los temas que más preocupa a los integrantes de la seguridad social, como es la cobertura de los medicamentos de última generación.

#AccesoalosMedicamentos
Alertan sobre los problemas de acceso a los medicamentos de buena parte de los jubilados
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BUENOS AIRES, noviembre 14: Distintos estudios afirman que los trabajadores pasivos son los más afectados por la crisis que genera el desplome de la venta de tratamientos.
#ProducciónPública
Polémica en Tierra del Fuego por la elaboración de medicamentos en la planta local
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RIO GRANDE, noviembre 12: Las futuras autoridades de la provincia aseguraron que el llamado Laboratorio del Fin del Mundo no produce tratamientos, sino que sólo importa productos ya terminados. Desde la empresa estatal admitieron esto, pero defendieron el proyecto de producción pública, que está “en una primera etapa”.

Recientemente, la FDA (agencia reguladora de medicamentos y alimentos de Estados Unidos) aprobó el medicamento Zolgensma, primera terapia génica que promete curar la Atrofia Muscular Espinal (AME). Esta noticia representa una luz de esperanza para los pacientes que sufren esta enfermedad devastadora, pero provoca al mismo tiempo una fuerte inquietud en el ámbito sanitario internacional por una razón contundente: el precio estimado del tratamiento con este medicamento rondará los 2,1 millones de dólares.

El Zolgensma forma parte de las llamadas nuevas tecnologías de alto costo. Representa la avanzada de una andanada de cincuenta nuevas drogas para tratar distintas enfermedades que saldrán al mercado en los próximos dos años con precios que rondarán el millón de dólares. No estamos preparados como país para afrontar el problema que plantean las nuevas tecnologías de alto costo.

Desde hace cuatro años hemos tenido idas y vueltas para aprobar en el Congreso Nacional la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías, uno de los pilares para empezar a dar respuestas racionales a estas cuestiones.

El último intento de discusión sobre la Agencia está a punto de naufragar, presumiblemente por estar incluido en el proyecto de ley de blanqueo laboral, con el cual nada tiene que ver.

No es serio abordar el financiamiento de las tecnologías de alto costo sin tener en cuenta el concepto de “costo de oportunidad”, el cual supone que con un presupuesto limitado, los recursos que utilizamos para financiar una prestación, desfinancian o le quitan la cobertura a otra. Y esta discusión no es menor en el marco de la situación socioeconómica de Argentina, con un 30% de la población viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Porque justamente las enfermedades que van de la mano de la pobreza -como la mortalidad infantil, la desnutrición, el bajo peso al nacer, la mortalidad materna y tantas otras- son poco visibles a la hora de discutir presupuestos: no tienen Lobby.

Las nuevas tecnologías de alto costo deberían ser cubiertas por el Estado, Nacional o Provincial, al menos durante los primeros tres años a partir del momento de su aprobación en el país. Tiempo durante el cual la experiencia indica que el precio de las mismas va decayendo.

Ni la seguridad social ni los prestadores privados están en condiciones de afrontar por sí solos la responsabilidad del financiamiento de este tipo de coberturas. El Estado, como garante constitucional de la salud, no puede mirar para otro lado. Y así lo han entendido algunos magistrados que obligaron con sus fallos al Estado Nacional a cubrir el 70% del valor de algunos tratamientos de alto costo.

La “compra centralizada” desde el Estado ha sido una experiencia exitosa de la actual administración para asegurar los mejores precios de compra de las drogas utilizadas para el tratamiento de la Hemofilia. Este mecanismo puede replicarse para otras enfermedades que requieren tratamientos de alto costo. De igual modo, el seguro para la cobertura de enfermedades catastróficas, es una herramienta que debe ser tenida en cuenta a la luz de los desafíos que deberemos afrontar en los próximos años.

Los recursos que destine el Estado para asegurar la cobertura de las tecnologías de alto costo, deberán explicitarse cada año en la partida correspondiente y discutirse en al ámbito del Congreso Nacional cuando se trate la ley de presupuesto. Nuestros legisladores deberán asumir la responsabilidad de resolver el dilema de la “frazada corta” cuando los recursos sean insuficientes para cubrir las expectativas de toda la población.