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VIENDO 5/4/19
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Afirman que corren peligro las pensiones nacionales para personas con Sida

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BUENOSS AIRES, abril 5: Entidades que nuclean a pacientes que viven con el virus HIV denunciaron que el gobierno nacional emitió dos resoluciones para que estas personas tengan que sacar el llamado Certificado Médico Obligatorio digital. De no hacerlo, podrían perder su pensión contributiva. “Es una medida perversa”, dijeron.

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VIEDMA, septiembre 10: Es gracias a un acuerdo que se comenzó a tramitar en estos días. El objetivo es que los tratamientos esenciales que produce la planta pública sean entregados en el sistema riojano, que así pagará menos sus tratamientos. Para el 2020, la planta estatal del sur del país busca triplicar la producción de fármacos, generando nuevos recursos para la provincia.
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POSADAS, septiembre 13: En los mostradores se nota el aumento de la demanda de estos productos. Si bien no hay estadísticas oficiales, a nivel regional se estima que el 20 por ciento de las personas recurren a ellos para un buen descanso.

Mediante dos resoluciones que se conocieron en estos días, el gobierno nacional pone en peligro las pensiones que se pagan a personas con Sida. Así lo denunciaron organizaciones del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, que afirman que por esta medida los beneficiarios deberán realizar un certificado, y quien no lo haga perderá la pensión. El llamado Certificado Médico Obligatorio digital deberá hacerse en el centro de salud más cercano al domicilio, para mantener esa ayuda. Si no se hace, la Agencia Nacional de Discapacidad dará de baja las pensiones, dejando desamparados a los pacientes. Por eso, las entidades presentaron una carta ante la entidad a cargo de Santiago Ibarzábal para solicitar “la abstención de implementar, derogar las resoluciones”, y manifestar “nuestro repudio ante la situación que están viviendo las personas con VIH que cobran pensiones no contributivas”.

En los últimos días, cerca de 40 mil personas recibieron cartas documento procedentes de la Dirección, donde se las intimaba a iniciar un trámite de Certificado Médico Obligatorio digital en el centro de salud más cercano al domicilio. La carta tiene una condición: “el no cumplimiento de este trámite es bajo apercibimiento de proceder a la suspensión del pago de la pensión no contributiva”. Es decir, si el trámite no se realiza, la ANDIS dará de baja las pensiones. Fundación GEP manifiesta su más enérgico repudio ante esta situación. “Sabemos que el sistema que propone la ANDIS es perverso y está especulando con el desconocimiento y la inaccesibilidad de muchas personas a poder realizar el trámite digital”, dijo la entidad. “No podemos permitir un atropello de esta magnitud. Están especulando con derechos adquiridos, con la vulnerabilidad de las personas con VIH. Muchxs cobran pensiones porque el sistema no les ofrece otra alternativa; los echan de los trabajos o ni siquiera les permiten acceder. Eso es revictimización de las personas, es volverlxs a exponer a situaciones de vulnerabilidad donde el Estado no ofrece respuestas ni alternativas de calidad”, dijo José María Di Bello, Secretario de Fundación GEP.

“Los hospitales de toda la provincia están en crisis: los trabajadores denuncian cortes de luz, falta de insumos médicos y grupos electrógenos, recortes en las guardias, ajustes en los recursos humanos. ¿Cuántos hospitales y centros de salud hoy tienen internet y acceso a computadoras?”, agregó la Fundación GEP. “Quise llamar a la Dirección y nadie supo decirme qué hacer. Me acerqué al centro de salud más cercano a mi casa, y los médicos no sabían qué era lo que tenían que hacer. Decían que no habían recibido ningún instructivo para poder hacer el Certificado. Están especulando con la gente. Así los que no podamos completar el trámite nos vamos a quedar sin pensiones. Y para muchos de nosotros, es el único ingreso que tenemos para vivir”, dijo María Sánchez, que vive con VIH en el conurbano y recibió la carta.

Una pensión no contributiva es de 7.280 pesos, mientras que la Canasta básica alimentaria es de 11.117 pesos. “Para muchos la pensión es su único ingreso. Las personas que viven con VIH cobran pensiones porque el sistema en el que vivimos es discapacitante: no conseguimos trabajo o nos echan cuando conocen nuestro estado serológico”, agregaron. Por eso denunciamos que la ANDIS no hizo público un listado accesible, completo y federal de los centros de salud que realizan el trámite en todo el país ni puso a disposición de los beneficiarios una campaña que facilite el acceso a la información con personal interdisciplinario capacitado. “Es sorprendente que las organizaciones tengamos que estar vigilando el accionar del Estado y protegiéndonos, cuando en realidad, el Estado tendría que ser garante de derechos. Está en juego la vida de las personas y están especulando con los modos de supervivencia de la gente”, dijo Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.