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VIENDO 15/2/19
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El Defensor del Pueblo bonaerense reclamó que Farmacity “se ajuste a las leyes”

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BUENOS AIRES, febrero 15: El titular de la entidad presentó esta semana un escrito ante la Corte Suprema de Justicia donde reclama que cualquiera que sea su fallo, si la cadenera comienza a operar en Provincia lo haga respetando las leyes vigentes. Pidió que “la salud pública sea un derecho y no se transforme en un negocio”. ”El funcionario ya había denunciado que la cadena Simplicity no cumple la ley de venta de medicamentos exclusiva en farmacias.

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En los primeros días del año, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires Guido Lorenzino acusó a Farmacity de violar la ley 10.606 en territorio bonaerense. Mediante su cuenta de Twitter, el funcionaria denunció que la cadena de productos cosméticos Simplicity vende productos que sólo pueden comercializarse en farmacias. En esos locales, propiedad de la cadenera, una cámara oculta descubrió que se ofrecen algunos medicamentos de venta libre. Esta semana, Lorenzino volvió a alertar sobre la falta de cumplimiento a las normas vigentes de la firma creada por el ex funcionario Mario Quintana, y reclamó que si desea operar en territorio provincial “cumpla las normas vigentes”. Mediante una nueva presentación, le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que más allá del fallo judicial pendiente, si Farmacity quiere desembarcar en la Provincia lo debe hacer bajo sus leyes. La Defensoría del Pueblo apoya la postura de las farmacias comunitarias, y se presentó como Amicus en la audiencia pública de noviembre pasado, pero el máximo tribunal no le permitió realizar su presentación.

La nueva presentación de Lorenzino a favor de las farmacias independientes de la provincia de Buenos Aires apunta al inminente fallo que debe dar a conocer la Corte Suprema de Justacia. Anticipándose a esto, el Defensor del Pueblo le envió un documento a los jueces, donde exige que Farmacity “se ajuste a las leyes en caso de que se habilite su desembarco en territorio provincial”. “La intención de la empresa atenta contra la autonomía jurídica de la Provincia y de los derechos de los bonaerenses en cuanto a su acceso al servicio público de salud y a los medicamentos como bien social”, sostuvo el texto firmado por Lorenzino, al que tuvo acceso MIRADA PROFESIONAL. El escrito enviado al máximo tribunal se enmarca en la causa que inició Farmacity para instalarse en la Provincia, lo que la Defensoría considera que va en contra de la Ley de Farmacias, aprobada por todas las fuerzas políticas, y que fue ratificada por diferentes instancias judiciales. “Ya hay maniobras de Farmacity para que su puesta en marcha en la Provincia sea una realidad, por lo que nuestra postura es exigir que lo haga respetando a las normas, que la salud pública sea un derecho y no se transforme en un negocio”, puntualizó el documento.

Ya en abril del año pasado, la Defensoría le reclamó al máximo tribunal que rechace el dictamen de la Procuración General de la Nación que le dio luz verde a Farmacity para que pueda desembarcar en la provincia de Buenos Aires. “La intención de la empresa atenta contra la autonomía jurídica de la Provincia y de los derechos de los bonaerenses en cuanto a su acceso al servicio público de salud y a los medicamentos como bien social”, sostuvo Lorenzino. Además, a principio de año el funcionario acusó a la firma Simplicity, los locales de cosmético que son propiedad de la cadenera, de vender medicamentos sin autorización. En enero de este año, el programa GPS que conduce el periodista Rolando Graña mostró una cámara oculta donde en varios locales se vendían antiácidos, como en un local de la localidad bonaerense de Caseros, que deben venderse sólo en farmacias. Esto generó una denuncia de Lorenzino, quien acusó a la cadenera de “opera en el territorio bonaerense de manera encubierta, pese a no poder hacerlo por no cumplir con los requisitos que exige la ley provincial de farmacias”. Lorenzino remarco que igualmente, Farmacity desarrolla de forma subterránea su actividad en la provincia de Buenos Aires a través de la firma Simplicity.

La pelea contra el desembarco de Farmacity tiene de un lado a las farmacias y muchas entidades sanitarias, además de sectores políticos y sociales. Del orto, al poder de lobby de la cadenera, con su ex CEO Mario Quintana a la cabeza, y buena parte del aparato del oficialismo, nacional y provincial. Por su relación con Elisa Carrió, que lo intenta reinstalar en el gobierno, Quintana logró que un diputado provincial presnete un proyecto para legalizar el ingreso de la firma, revocando los artículos cuestionados de la ley 10.606. La iniciativa de Guillermo Castello busca que una vez que la Corte falle, no importa si es a favor o en contra de la cadenera, se permita operar de forma legal a la cadenera. “Sea cuál sea la decisión de la justicia, hay que modificar la ley provincial que tiene más de treinta años”, sostuvo. En este sentido, el proyecto que presentaría el diputado contempla la derogación del artículo 3 de la ley 10.606, que establece las restricciones de distancias entre las farmacias. “Esto es absurdo, inhibe la competencia y solo privilegia a la corporación farmacéutica”, remarcó Castello. Además, pide modificar el artículo 14, que impide a las sociedades anónimas y jurídicas tener la titularidad de farmacias. “Creemos que no debe haber ningún impedimento para la explotación de las droguerías, siempre que estén en manos de un profesional farmacéutico”, dijo.