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VIENDO 21/1/19
Vacunación

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Por un fallo judicial, obligan a los padres de un niño a cumplir la vacunación obligatoriaADJUNTO

Vacunación

BUENOS AIRES, enero 21: La Cámara Nacional en lo Civil confirmó un fallo de primera instancia que ordena a los padres de un niño nacido en diciembre pasado a aplicarle las vacunas del calendario Nacional. Los adultos habían esgrimido los posibles efectos adversos para no cumplir la vacunación.

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La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a los grupos que se niegan a vacunarse como uno de los grandes riesgos sanitarios del plantea para este año. La proliferación de estas ideas contrarias a la seguridad y eficacia de las vacunas preocupa, por lo cual en la Argentina se aprobó en 208 una ley nacional que refuerza la obligatoriedad de las vacunas. Además, existen varios fallos que obligan a los padres a cumplir con el Calendario Nacional, como el que se conoció hace unos días, que ordena a dos adultos a aplicarle las dosis establecidas por el cronograma obligatorio. El niño nació en diciembre, y sus padres argumentaron los posibles efectos adversos de las vacunas para no cumplir con la inmunización. Pero la denuncia de la Defensoría de Menores revirtió la situación. Para evitar estos casos, el Congreso aprobó una ley el año pasado, que fue reglamentada por el Poder ejecutivo hace unos días, que hace que las personas, menores y adultas, deban tener completo su esquema de vacunación para realizar varios trámites, como la renovación del DNI.

El fallo de la Cámara Nacional en lo Civil se conoció el fin de semana pasado. Los jueces confirmaron lo ordenado en primera instancia: que los padres del niño nacido en diciembre cumpla con las vacunas del Calendario Nacional. Estos se negaron a la aplicación de la vacuna neonatal contra la hepatitis B y BCG. El niño nació a finales de diciembre, por lo que el juez de turno habilitó la Feria Judicial de verano y ordenó ajustarse al Calendario Nacional de Vacunación. Los padres interpusieron un recurso de nulidad y de apelación subsidiario contra la decisión. Argumentaron, entre otras cuestiones, supuestos efectos secundarios sobre la salud del menor, como así también el presunto “riesgo de mortalidad” frente a la inmunización. Pero estos argumentos fueron rechazados.

La sala de Feria de la Cámara Civil, integrada por los jueces Víctor Liberman, María Isabel Benavente y José Benito Fajre, señalaron que los apelantes “no incorporaron razones trascendentes que sostengan su oposición a la aplicación” del régimen vacunatorio, sino que “pretendieron alegar fundamentos médicos que desaconsejarían su aplicación al niño”. Sobre este último punto, los camaristas advirtieron que las presuntas razones científicas alegadas por los progenitores en base al informe de su médica pediatra “tampoco son suficientes para admitir su pretensión recursiva”. Según consta en el expediente, el menor no presenta ninguna situación particular en la salud que desaconseje la aplicación de las vacunas obligatorias, como tampoco existe un riesgo adicional en caso de realizarse la práctica. En el caso, la pediatra se limitó a cuestionar la inclusión de las vacunas en el calendario y resaltó que el paciente “no presenta riesgo de contacto en su medio social con enfermos tuberculosos ni tampoco por la vía hemática directa propia para el contagio de la hepatitis B”. En este escenario, los vocales concluyeron que el proyecto familiar diseñado por los apelantes “trasciende notoriamente la esfera de privacidad” garantizada por el artículo 19 de la Constitución Nacional ya que “involucra la salud pública y sus consecuencias se proyectan directamente a terceras personas”.

La denuncia del caso contrario a la vacunación fue realizada por la Defensoría Pública de Menores e Incapaces. En su fallo, la cámara recordó que los programas de vacunación “no están sujetos a la condición de que exista alguna epidemia”, pero que su finalidad preventiva radica en “evitar que esos lamentables sucesos se produzcan”. “En definitiva, el Estado no puede interferir en las decisiones médicas que los padres prefieran para sus hijos menores de edad a menos que existan razones fundadas que así lo justifiquen”, añadió el fallo de 13 páginas. En efecto, el Tribunal destacó que la aplicación compulsiva del plan de vacunación “cumple adecuadamente con esa exigencia constitucional”, pues “resguarda la salud del niño involucrado, protege la eficacia del propio sistema de salud y con ello los intereses de la comunidad en su conjunto, y ofrece una adecuada razonabilidad entre los beneficios que se obtienen para salud individual y colectiva y la afectación que supone la medida para el ámbito de autonomía de la decisión familiar”.

La semana pasada, la OMS dio a conocer las 10 amenazas para la salud mundial en 2019, entre las cuales incluyó las dudas sobre las vacunas. El informe de la entidad explica que, si bien la tasa de inmunización es relativamente alta, el número de niños pequeños que no son vacunados o no reciben las dosis de refuerzo recomendadas está aumentando. No querer vacunar a los niños es una tendencia creciente tiene consecuencias negativas para la salud mundial, problema que se agravará a medida que pasen los años. Lamentablemente, cada vez más padres creen que existe una asociación entre las vacunas y el riesgo de sufrir autismo u otros problemas de salud, nada más lejos de la realidad, que ha sido demostrado científicamente. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, desde el año 2000 se ha experimentado un aumento preocupante del número de niños que no se vacunan. Según los estudios realizados, el 1,3 por ciento de los niños nacidos en 2015 en este país no recibió las vacunas recomendadas por la OMS, en 2011 el porcentaje era de un 0,9 por ciento y en el año 2001 era del 0,3 por ciento, por lo que se puede apreciar una clara progresión de la negativa a vacunar a los niños.

Ante esto, el año pasado el Congreso sancionó la ley 27.491 sobre “Control de enfermedades prevenibles por vacunación”, que viene a reemplazar a la antigua Ley 22.909. La normativa fue promulgada mediante decreto 15/2019, publicado recientemente en el Boletín Oficial. La ley reafirma a la vacunación como una política de Estado y entiende a la inmunización como un “bien social”. Además establece la “prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular”. También agrega que el Estado Nacional es el responsable de adquirir los insumos necesarios para la vacunación y proveerlos a las jurisdicciones, pues se trata de una “estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva”. Así, se determina la gratuidad y obligatoriedad para todos los habitantes.