Edición y Dirección General
Farm. Néstor Caprov

VER STAFF
VIENDO 6/7/18
Opinión

#Opinión

A propósito de la editorial de La Nación: Las ruinas del sentido común

ADJUNTO
Opinión

BUENOS AIRES, julio 6: El tema Farmacity genera visiones encontradas, que no pueden resolverse con apelaciones al deseo o la comodidad, como pretende el matutino porteño. Es potestad de un Estado elegir las normas que mejor resguardan el derecho de todos los ciudadanos, más allá de lo parezca “normal”. Defender el modelo sanitario de farmacia no es evitar la competencia, es proteger la salud de los habitantes, con un sentido social que va más allá de las miradas mercantiles.

#Farmacias
Denuncian que cadenas de farmacias violan ordenanza en localidad correntina
ADJUNTO
CORRIENTES, noviembre 7: En Santo Tomé, afirman que pese a que hay una ordenanza que prohíbe la instalación de nuevos mostradores a menos de 300 metros de otros ya establecidos, hay cadeneras que intentan violar la norma.
#FarmaciaenCrisis
Farmacias comunitarias de Estados Unidos, con más peligro de cierre
ADJUNTO
BUENOS AIRES, noviembre 6: Según un estudio, los mostradores que realizan atención de poblaciones con bajos ingresos o seguros públicos tuvieron más riesgo de terminar bajando las persianas. Una de cada ocho estuvo en esa situación entre 2009 y 2015.

Nacido como una “tribuna de doctrina”, el Diario La Nación suele ser vocero o caja de resonancia de un sector de la sociedad que pese a ser minoritario suele tener un poder de lobby importante. Por eso no sorprende que en estas horas haya jugado fuerte en la disputa que los farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires y el país tienen con Farmacity, que busca violentar la ley 10.606. Con su editorial “Farmacias: ¿y si pensamos en el consumidor?”, el matutino parecería dejar expuesta su postura (¿? ) respecto del tema, apelando a un viejo argumento que en materia sanitaria suele ser engañoso: el derecho de las personas a elegir. Con eje en el sentido común, este tipo de argumentación apunta a una sociedad que se autoregula, que se autolimita, y que prescinde del Estado como núcleo de la sociedad.

Una idea que confunde y antagoniza las ideas de regular con el concepto de libertad, controlar con el de elegir, sin entender que la realidad es mucho más compleja que las necesidades o ideas de un sector, y que para unir toda esa amalgama de expresiones no hace falta sentido común, sino un estado regulador o mediador. Estado regulador que rige en los principales países que en democracia se practica las leyes de mercado. En su editorial, el diario apunta a resolver las supuestas necesidades de la población, pero no deja de atender los intereses de un particular (Mario Quintana) y un negocio (Farmacity).

Varios argumentos usa La Nación para calificar de “absurdo” el proyecto presentado hace unos días en el Congreso para promover el modelo sanitario de farmacias. Con eje en el “derecho de elegir qué y dónde comprar”, la editorial apunta a ese sentido común tan argentino de la libre competencia y el derecho de los consumidores. Pero como solía decir Albert Einstein, “el sentido común no es más que un depósito de prejuicios establecidos en la mente antes de cumplir 18 años”.

Cuánto de estos argumentos son parte de las frases hechas que recorren sobre todo la economía argentina, y que ante el mayor análisis se caen. Porque si, como dice La Nación, lo importante es dejar elegir, por qué no dejamos que compren sus alimentos donde quieran, si satisfacer el hambre es el principal deseo. Por qué no dejar que se compren y vendan armas, en cualquier lado, incluso en medio de una crisis de seguridad escandalosa, si es cuestión de deseos y derechos. El sentido común de La Nación es antiguo, casi “pre estatal”, difícil de entender con mucha rigurosidad. Acaso las leyes no son importantes para este diario, cuando de otros temas se trata.

Para el diario el proyecto de la diputada Fernanda Raverta contienen “una serie de argumentos de naturaleza política que claramente se dirigen contra uno de sus accionistas, Mario Quintana, actualmente integrante del gabinete nacional”, y reclama que la ley “debe estar por encima de circunstanciales rencillas políticas o pases de facturas”. La pregunta es saber qué ley defiende La Nación. Será la 10.606, que por presiones de Quintana y el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz fue pasada por el tamiz de todas las instancias bonaerenses, y en todos ellos salió airosa. Será la ley 26.567, aprobada por unanimidad en 2009 y que pese a estar en plena vigencia en muchas jurisdicciones –incluyendo la Ciudad de Buenos Aires –no se cumple. Qué leyes decide que es necesario respetar, y cuáles revisar, una y otra vez, hasta que se logre esos cambios que tanto reclaman “el sentido común”.

“El proyecto es otro ejemplo de regulaciones pretendidamente dirigidas a diseñar y planificar prescindiendo de lo que la gente prefiere hacer y elegir cada día”. Afirma el matutino. Primero, habría que recordar, cual maestro de Instrucción Cívica, que el pueblo gobierna a través de sus representantes, en este caso diputados. Además, es justamente función del Estado regular las visiones contrapuestas, contradictorias y enfrentadas, de distintos sectores de la sociedad, que conviven en permanente tensión, y que no llegar al enfrentamiento directo gracias a esta regulación. El caso Uber, citado por la editorial, sirve de ejemplo para esto. Qué debería hacer el Estado en esta lucha entre taxistas y choferes, además de aplicar la ley. Dejar que se sigan “cazando” en la calle, sin intervenir, o aplicar la ley en su más amplio sentido, evitando que un negocio ilegal como Uber opere sin adaptarse a la legislación, pero evitando que los taxistas se vuelvan justicieros al margen de la normativa. La respuesta, parece, es clara.

Más allá de cualquier intento de mostrar desde el sentido común que cualquier regulación atenta contra la libertad de elección (con la mano invisible del mercado como emblema), en el caso de la salud se necesita más que una lógica mercantilista para entender los que es el bien común. No el sentido común, que apela a lo supuestamente obvio, sino el bien común, que determina mediante la regulación y la razón de la norma que mejor representa a todo el conjunto. La ley de farmacias no defiende un negocio, sino que protege el derecho de todos los habitantes a acceder a medicamentos de calidad. Los farmacéuticos no se mueven porque temen competir contra Farmacity, sino porque defienden su formación universitaria, y su rol dentro de la salud pública. Pero la Nación apela a deseos de “la gente”, como si fuera una entidad única. Como decía el Maestro Jean Cocteau: “No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría” y menos la del matutino La Nación que parece ser en esta oportunidad, la opinión de Quintana y Farmacity, casi con los mismos argumentos y la misma cadencia en la voz.