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VIENDO 6/2/18
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Río Negro: nuevos reclamos al gobierno por la suba de Ingresos Brutos que afecta a farmaciasADJUNTO

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VIEDMA, febrero 6: La senadora nacional Silvina García Larraburu pidió una audiencia con el gobernador provincial, para llevarle personalmente el reclamo de los farmacéuticos. “La ley provincial de Farmacia reconoce como bienes sociales”, dijo la legisladora.

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Luego de advertir que la suba de Ingresos Brutos puede afectar los servicios de la seguridad social, los farmacéuticos de Río negro volvieron a pedir al gobierno local que revise la nueva ordenanza impositiva, que llevó de 3 a 5 puntos la alícuota de ese impuesto. Como sucede en varias zonas del país, los pedidos buscan desactivar el impacto que tendrá el incremento en la salud financiera de los mostradores, que deberán resignar parte de su rentabilidad. Como sucede en Tucumán, Salta o Neuquén, los profesionales rionegrinos le reclaman al gobernador que vete la medida, y alertan sobre un posible corte de servicio, en especial de la obra social nacional PAMI. A este pedido se le sumó una senadora nacional, que pidió una audiencia con Alberto Weretilneck para llevarle personalmente el pedido. Las farmacias recordaron que no son formadoras de precios, y que no pueden absorber esta suba impositiva.

Cada vez más sectores se suman al reclamo de los farmacéuticos contra la suba de Ingresos Brutos. En este caso, la senadora nacional Silvina García Larraburu le pidió una audiencia al gobernador Weretilneck, para reclamarle junto a representantes del Colegio de Farmacéuticos el retroceso de esta medida, ya que consideran que estas medidas económicas tributarias, que afectan tanto en farmacias como en droguerías, tendrán un impacto en la atención. "El incremento decidido de la alícuota de Ingresos Brutos es una medida cuestionable, pero la situación es más grave aún en el sector farmacéutico, por ser una actividad que atañe a productos esenciales para la salud y que la ley provincial de Farmacia reconoce como bienes sociales”, dijo la legisladora.

La parlamentaria señaló que “las droguerías de la provincia tienen una estructura de pequeña y mediana empresa y, desde ya, no son formadoras de precios en los medicamentos. Toda venta a través del sistema de la seguridad social, se realiza al precio sugerido por la industria farmacéutica, que impone las condiciones de compra y venta. Además el costo de los medicamentos en la Provincia en superior al de otras zonas del país. Larraburu aseguró que en tales condiciones "el aumento afecta a la sustentabilidad de las farmacias, porque carecen de poder de negociación y de la posibilidad de neutralizar los efectos de la suba. Con estas modificaciones, las farmacias tienen una disminución de la rentabilidad de entre el 50 al 60 por ciento, y esto pone en jaque cientos de puestos de trabajo". "La medida es devastadora, porque en definitiva impacta en estos pequeños empresarios, en su personal, en los enfermos y, particularmente, en las personas mayores de edad", concluyó.

El Colegio pidió una audiencia urgente con el mandatario para debatir las medidas tomadas a fines del 2017, considerando que van “en contra de los pilares fundamentales de la Ley Provincial de Farmacia, que define al medicamento como “un bien social”. En la carta enviada al mandatario también se recuerda que “desde hace dos años aproximadamente veníamos teniendo conversaciones con el entonces director de la Agencia de Recaudación Tributaria Agustín Domingo, en el sentido de que todo medicamento que transite por la seguridad social tenga un tratamiento de exención en el Impuesto a los Ingresos Brutos o al menos un tratamiento diferenciado como lo han entendido muchos de los estamentos provinciales de nuestra Argentina”. Este lunes los referentes del Colegio de Farmacéuticos volverán a reunirse, para definir los pasos a seguir en caso de que continúe la falta de diálogo con el gabinete provincial.