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Salud en crisis: clínicas y sanatorio alertan sobre corte de atención a prepagasADJUNTO

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BUENOS AIRES, enero 8: Desde la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio advirtieron de la “grave crisis económica financiera” del sector, que podría derivar en un corte de servicio para algunas entidades.

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Dos entidades que nuclean a las clínicas y sanitarias advirtieron que podrían cortar el servicio a los afiliados de las empresas de medicina prepaga, ante la falta de recursos y la falta de compromiso con lo acordado. Esta situación, aseguran, “provocará en el corto plazo el resentimiento de las prestaciones brindadas a los pacientes”. Tanto la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA ) como la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio calificaron a la situación como una “grave crisis económica financiera” en clínicas, sanatorios, hospitales privados, centros de diagnóstico y tratamiento y laboratorios de análisis clínicos. “Si bien el gobierno cumplió con lo acordado, la falta de recursos y el incumplimiento de los compromisos asumidos por los principales prepagos hacen imposible abonar los salarios con los aumentos acordados en las paritarias”, reflejaron en un comunicado. Por caso, el presidente de ADECRA, Jorge Cherro remarcó que “la seriedad y compromiso asumido para con el paciente y su entorno, en referencia a la atención médica, ha sido inquebrantable y pretendemos continúe por esa senda”. Sin embargo, advirtió que “lamentablemente el sector prestador ya está muy golpeado y acorralado por una crisis que día a día se agrava más”. “En términos paritarios, con el aumento que se aplicará en febrero -sumados a los de julio, agosto, septiembre y diciembre del año pasado- llevará a los prepagos a recibir casi un 29 por ciento; de ese número, clínicas y sanatorios recibirán el 19 por ciento, mientras que los centros de diagnóstico y laboratorios un 14 por ciento, a la vista totalmente insuficientes para enfrentar las paritarias con el gremio de la Sanidad que, con una cláusula gatillo, ascenderá al 26 por ciento”, puntualizó Cherro.

Diálisis: sigue la amenaza de corte al PAMI

Por su parte, los prestadores de diálisis a nivel nacional advierten que el servicio que brindan -esencial para la supervivencia de 30.000 pacientes en el país- está en riesgo de caer porque el gobierno nacional agravó el atraso en los pagos y el congelamiento de sus aranceles frente al incremento de dólar a lo largo del año los ha puesto en crisis. "La situación es insostenible y la diálisis peligra", afirmó el presidente de la Asociación de Prestadores de Diálisis y Trasplantes de Rosario, Sergio Marinovich. El reclamo apunta a la mala política de pagos de PAMI y del programa Incluir Salud (ex ProFe). El problema atañe a 30 mil pacientes que se dializan a diario en todo el país, y a los 12.000 trabajadores del sistema, entre médicos, enfermeros, nutricionistas y psicólogos, entre otros. El programa Incluir Salud -dependiente del Ministerio de Salud- adeuda las prestaciones de julio pasado, y el PAMI dejó de pagar a 30 días y ahora lo hace a 60 días, además de no haber actualizado su arancel. En la provincia de Santa Fe hay 2.000 pacientes bajo diálisis, de los cuales 830 son afiliados al PAMI y 400 al ProFe, es decir, el 56 por ciento del total. Demasiados que perjudican la ecuación económica de los prestadores.

El programa Incluir Salud adeuda los últimos seis meses, mientras que Pami llegó al extremo de reducir, arbitraria y unilateralmente, la contraprestación comprometida por contrato, suprimiendo el pago de los Incentivos de Calidad. El Estado les paga a los centros de diálisis entre 100 y 120 dólares por cada sesión. Los prestadores comparan con los 400 dólares o más que se pagan en Estados Unidos y Europa. "Y sin incluir el servicio de traslado que busca al paciente en su casa y luego lo regresa", precisó Marinovich. "La respuesta es que no tienen plata y que deben ajustar. Está bien, pero ajusten por otro lado, no por un servicio que mantiene con vida a 30.000 personas. Nosotros seguiremos dializando hasta las últimas, pero que el gobierno se haga cargo de lo que ocurra", advirtió.