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VIENDO 4/1/18
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Javier Mazza: “El financiamiento de IOMA debe resolver con contribuciones”ADJUNTO

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BUENOS AIRES, enero 4: El ex titular de IOMA y del IPS analiza la situación de la obra social provincial, en vuelta en un escándalo por la nueva ley que permite la transferencia de sus fondos.

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En la nueva Ley de Ministerios quedó establecido que los excedentes del IOMA podrán ser utilizados para financiar programas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. No se expusieron los fundamentos de la propuesta, pero el carácter inédito de la misma merece algunas consideraciones. Como ente autárquico, el Instituto de Obra Médico Asistencial fue creado para satisfacer todos los fines del Estado provincial en materia médico asistencial para sus trabajadores activos y jubilados. No constituye un sistema cerrado, puesto que prevé atender a sectores de la actividad pública (130 municipios adheridos, UNLP, etc.) y privada (afiliados voluntarios, individuales y colectivos) que adhieran a su régimen. También prevé la incorporación colectiva de grupos de población de recursos insuficientes, a través de organismos públicos provinciales y/o municipales, cumpliendo los requisitos que IOMA establezca y abonando los aportes que se determine.

Sin dudas, antes de discutir sobre los destinos del “superávit” de IOMA, debiéramos tener los elementos suficientes para afirmar que el programa médico asistencial que brinda resulta aceptablemente satisfactorio para beneficiarios y aportantes. No es el tema que nos ocupa aquí, pero, en un sistema de afiliación obligatoria, la evaluación de la satisfacción es crucial, máxime, si se va a disponer de parte de sus recursos en usos distintos a los que dieron origen a la creación del Instituto. Las cuestiones relativas al financiamiento de la obra social se deben resolver fundamentalmente con los aportes y contribuciones.

Antes de discutir sobre los destinos del “superávit” de IOMA, debiéramos tener los elementos suficientes para afirmar que el programa médico asistencial que brinda resulta aceptablemente satisfactorio. Si bien la ley prevé que el Estado provincial debe cubrir el déficit eventual del IOMA, un balance negativo recurrente o una cuestión estructural a resolver ponen naturalmente en debate los niveles de aportes y contribuciones.

Esto fue lo que ocurrió en el año 2004, cuando se debió resolver la situación discriminatoria que existía por la cual las afiliadas no podían incorporar a sus cónyuges como familiares directos. El gobernador Felipe Solá propuso a la Legislatura una suba de los aportes y contribuciones que finalmente permitió la incorporación de los esposos (luego se resolvió la situación de los convivientes) respetando el sistema solidario, progresivo y en iguales proporciones de aportes (trabajadores y empleador) sin deteriorar la calidad de los servicios a los afiliados existentes. Asimismo, dentro del rango que fijó la ley (entre el 4,5 y el 6,5 por ciento), es el Poder Ejecutivo el que, desde ese año, fija los aportes y contribuciones al IOMA.

La ley de IOMA (antes del cambio que introduce la Ley de Ministerios) establece que el superávit al cierre de cada ejercicio pasará al ejercicio siguiente. Si luego de optimizar la cantidad de las prestaciones y la calidad de los servicios existiera un superávit sostenido del IOMA, es válido discutir opciones que contemplen la optimización de los recursos que aportan los trabajadores y el Estado como empleador, sin desvirtuar la esencia del organismo.

A modo de ejemplo y de modo inverso al camino que se adoptó para resolver la discriminación entre cónyuges, el Poder Ejecutivo podría reducir aportes y contribuciones hasta el piso del 4,5 por ciento que permite la ley y destinar el ahorro que se genera el Tesoro a financiar los programas que crea necesarios (por ejemplo, los de Salud que propone con el cambio de la nueva Ley de Ministerios).

Incluso, sin entrar en detalle de guarismos, se encuentra en debate la situación de financiamiento del IPS. Pues bien, la totalidad de los aportantes a ese instituto son aportantes al IOMA. Ambos organismos brindan seguridad social en sentido amplio para todos los trabajadores del Estado provincial y los municipios. Seria altamente positivo encarar un trabajo integral de ambos aspectos de la seguridad social, abordar un análisis profundo de la situación actual y proponer las correcciones que aseguren la sustentabilidad del sistema, con el debate suficiente y los consensos necesarios. Proponer medidas puntuales y aisladas, ya sea del IOMA o del IPS, aleja la posibilidad de una necesaria y seria discusión.

Resulta muy responsable de parte del Poder Ejecutivo exponer los problemas que afrontan las distintas áreas del Estado, como las que mencionamos aquí. Los encargados de proponer técnicamente las recomendaciones para resolver esos problemas deben tener un acabado conocimiento de esas áreas y no subestimar las formas en las que, en sus más de 50 años de historia, estos organismos hicieron frente a dificultades de características similares que, seguramente, tuvieron que sortear.