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VIENDO 20/12/17
Regulaciones

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Vinculan la creación de la nueva agencia de control de medicamentos con la reforma laboral

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BUENOS AIRES, diciembre 20: Un trabajo de la Fundación soberanía Sanitaria asegura que la reforma recientemente aprobada en el Congreso tendrá un fuerte impacto en la salud, a través de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET).

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BUENOS AIRES, abril 9: A partir del caso del hijo de Roberto Pettinato, que sufrió quemaduras por la explosión de uno de estos aparatos, la agencia reguladora recordó que desde 2011 están prohibidos para su comercialización y uso en el país, ya que no son seguros y su humo no es inocuo. La OMS respalda esta postura, ya que el humo que se desprende contiene nicotina y otros productos químicos.
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BUENOS AIRES, junio 1º: Los productos en base de ese químico pueden causar daños a las personas que los usan, desde la caída del pelo hasta problemas graves, como tumores. La agencia reguladora difundió un listado de los autorizados para su utilización.

Las postales de los últimos días muestran otro diciembre de caos y violencia en la Argentina. Como en otros momentos, la aprobación de la reforma laboral y previsional generó disturbios en los alrededores del Congreso, con una violenta represión. Si bien la previsional fue aprobada, la laboral está en estudio, y hubo algunos retoques para evitar sus costados más negativos. Pero los cambios no sólo tienen que ver con el mundo del trabajo, según una entidad sanitaria tendrá impacto en la atención sanitaria en el país. Se trata de un informe que vincula la reforma laboral con la puesta en marcha de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), que todavía está paralizada en la legislatura nacional Según este análisis, su puesta en marcha, corazón de la Cobertura Universal de Salud (CUS), “generará barreas en el acceso al sistema” sanitario.

El trabajo “El impacto en la salud de la reforma laboral” fue elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria, y analiza la relación entre la nueva agencia de medicamentos y la reforma laboral. “El proyecto de reforma laboral presentado por el Ejecutivo también genera un perjuicio a la salud de todos los argentinos”, anunció el trabajo, al que tuvo acceso mirada profesional. Según el análisis, la AGNET “limita la posibilidad del Congreso Nacional de incluir nuevas prestaciones al Programa Médico Obligatorio (PMO) por ley; interviene luego de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que podrá autorizar la venta de productos que posteriormente pueden no estar en el PMO y, por ende, será el paciente quien deba pagarlo de su bolsillo”.

Según la fundación, la nueva agencia “estará administrada por grupos con claros conflictos de interés con los fines de la agencia (representantes de obras sociales y de empresas de medicina prepaga), y se propone como una herramienta para limitar la posibilidad de realizar demandas judiciales a los prestadores y no como una forma adecuada de intervención del Estado para la regulación de los precios”. “La evaluación de tecnologías sanitarias apunta a determinar la efectividad, la seguridad y el costo de una tecnología determinada, pero además considera sus efectos, tanto directos como indirectos, deseados o no. En este sentido, es muy importante contar con organismos de evaluación y las experiencias desarrolladas en numerosos países abonan a lo acertado de este tipo de medidas. Sin embargo, la AGNET creada a instancias del proyecto de Ley de Reforma Laboral y tal como viene siendo planteada por el Ejecutivo Nacional para implementar la Cobertura Universal de Salud, generará barreras de acceso aumentando significativamente el gasto de bolsillo en salud para aquellas personas con capacidad de pago y vulnerará el derecho a la salud de grandes sectores de la población”, aclaró el informe final.

El presidente de la Fundación, Nicolás Kreplak, aseguró en diálogo con Página/12 que la iniciativa “es una transferencia del bolsillo de los enfermos a los laboratorios y las empresas de medicina. Un modelo sanitario donde ya no hay derecho a la salud sino a las prestaciones que se cubren, contrario al modelo que aún rige universal y gratuito”. Además, señaló que tal cual está planteada la Agencia, como órgano de consulta en los procesos judiciales, quienes decidirán sobre la cobertura serán los representantes de las obras sociales y prepagas a las que se le reclama la cobertura.

Según el proyecto, el organismo será el encargado de la “realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el PMO”. Es decir, será quien determine cuáles prestaciones médicas serán cubiertas por el sistema de salud. “La agencia, tal cual está planteada –explicó el titular de FSS– intervendrá antes de la inclusión de una práctica o procedimiento dentro del PMO impidiendo que se incluyan por ley nuevas prestaciones. Le están diciendo al poder legislativo que no legisle más derechos, que son ellos quienes van a decidir qué se puede incluir”.

En este sentido, el informe remarca que desde la creación del PMO se han incorporado prestaciones mediante iniciativas legislativas, como la cobertura al 100 por ciento de todos los métodos anticonceptivos; la Ligadura de trompas y vasectomía; las determinaciones para la detección y posterior tratamiento de fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de biotinidasa, retinopatía del prematuro, chagas y sífilis, entre otras. El estudio de la FSS señala también que el proyecto equipara al sector de salud público con el PMO al introducir el término “conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público”, algo que no existe porque no hay un número determinado de prácticas cubiertas sino un sistema universal y gratuito que cubre toda práctica existente. Pero es el modelo al que apunta la incipiente CUS, presentada en octubre por el anterior ministro, Jorge Lemus.

Según el sanitarista de la FSS, “la CUS apunta a desfinanciar el sector público directo de la salud, disminuyendo la oferta que los hospitales y centros de salud, porque se trata de un cambio de modelo de financiamiento a través del cual se deja de subsidiar la oferta y se traslada a un subsidio de la demanda. Se va a pagar por el consumo de servicio de salud, como ocurre con el que tiene obra social o prepaga”.

DESCARGA: informe final de la Fundación Soberanía Sanitaria, que vincula la nueva agencia de medicamentos con la reforma laboral.