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VIENDO 19/12/17
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Por la ley de Ministerios, estatales alertan sobre posible “saqueo de los fondos del IOMA”

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LA PLATA, diciembre 19: La semana pasada se aprobó el proyecto que le permite al gobierno utilizar partidas de la obra social en otras áreas. Los médicos dicen que es “confiscatorio” y alertan sobre el impacto en las prestaciones. Rechazo de estatales y judiciales. Un informe de SUTEBA asegura que ya se notan atrasos en la cobertura de medicamentos.

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Obra social de La Rioja busca acortar el plazo de pagos a las farmacias locales
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LA RIOJA, febrero 10: Desde la Administración Provincial de Obra Social se reunieron con farmacéuticos locales para buscar acortar los pagos de los medicamentos y otros insumos dispensados en sus mostradores. Además, se acordó un cronograma de pagos para pagar la deuda que mantienen con el sector.
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Crisis en el PAMI: en el interior, afiliados denuncian que faltan farmacias que los atiendan
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BUENOS AIRES, febrero 13: En muchas provincias hay deficiencia en la dispensa de medicamentos, por la poca cantidad de mostradores disponibles. En La Rioja, la oficina local de la obra social difundió un listado donde se deben hacer descuento, ante las quejas reiteradas. Otro efecto de la deuda y la crisis de financiamiento que sufre el sector.

En medio de otro diciembre complicado en la Argentina, todas las miradas están apuntadas a lo que sucede en el Congreso nacional, con la aprobación de la reforma previsional. Los incidentes en la calle eclipsan la atención, pero en la provincia de Buenos Aires hay también cambios polémicos. La semana pasada, la legislatura aprobó la llamada ley de ministerios, que genera una reforma en el Estado bonaerense. Uno de los cambios más profundos se da en el IOMA, la obra social de los estatales, que permite el uso de sus fondos de manera arbitraria Para los gremios de la administración pública, esta situación es “un verdadero saqueo”, y alertaron sobre el impacto que tendrá en las prestaciones. La iniciativa se completa con una serie de cambios en el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial, que regula las jubilaciones de los estatales.

El malestar de los gremios estatales ya se había expresado la semana pasada cuando mediante un abrazo simbólico al edificio del IPS denunciaron que la gobernadora María Eugenia Vidal tiene “su propia reforma previsional”. Ahora, con la ley de ministerio, permite el uso de partidas de fondos del IOMA de manera arbitraria, para reforzar otras áreas como seguridad o el pago de la deuda. “Es directamente una confiscación, un saqueo”, dijo Fernando Corsiglia, titular del gremio médico CICOP. Los profesionales de la salud realizaron ayer un paro para rechazar la reforma nacional, y marcharán hoy protestará frente a la legislatura, cuando se trate una versión provincial. Como los médicos, los judiciales, estatales y docentes asegura que la reforma del gobierno “es un saqueo” a los fondos de la obra social provincial, según le dijo a MIRADA PROFESIONAL el líder sindical.

La semana pasada, cuando se trataron varios de estos proyectos, hubo incidentes serios en la capital provincial, cuando Gendarmería –al igual de lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires –reprimió a los manifestantes. Ese día, se dio luz verde al uso de fondos del IOMA para otras áreas. “Es muy grave la situación que atravesamos en estos días los trabajadores. La aprobación de la ley que habilita al Ejecutivo provincial a disponer libremente de fondos propios del IOMA, que no son del Estado sino de los trabajadores y trabajadoras estatales. Por todo esto no podemos tener otra respuesta que volver al paro”, dijo por su parte el titular de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Pablo Abramovich. Por su parte, el director de Servicios Sociales de la AJB, Oreste Poggi, señaló que “el IOMA es la obra social de los estatales -activos y pasivos- y su patrimonio social les pertenece en exclusividad. Ninguna ley puede permitir que el Estado, aprovechándose del manejo administrativo de los recursos del IOMA, los desvíe a otros fines que deberá atender con otros recursos. Esa norma es inconstitucional, viola nuestros derechos laborales y humanos y es nula de nulidad manifiesta”.

En tanto, desde SUTEBA difundieron un informe muy crítico sobre la realidad de la obra social, y adelantan que si se profundizan estos cambios podría haber interrupción de prestaciones. El gremio docente denunció que existe “atraso en la cobertura de medicamentos que, en los momentos de actualización, alcanza apenas a un 60 por ciento, cuando el promedio histórico superaba el 70 por ciento”. Además, remarcaron que existe “disminución de la edad para cubrir prótesis ortopédicas importadas y disminución de coberturas en los trámites de excepción”. Además, están “totalmente parados los trámites de reintegros”. Por esto, desde la conducción de SUTEBA pidieron una reunión de emergencia con el flamante titular del IOMA, Pablo Di Liscia. “En dos años, con el nuevo presidente ya son tres los titulares que tomaron las riendas del instituto, algo absolutamente negativo para la continuidad de la gestión de una obra social que ostenta el título de ser la segunda en importancia en el país”, se quejaron los maestros.

La nueva ley busca, según el gobierno provincial, un ahorro en el gasto administrativo de 3.100 millones de pesos anuales, que se descomponen en el ahorro de 2.500 millones aprobado en la legislatura y otros 600 que podrían lograrse si la nueva ley de ministerios es avalada en los recintos de las cámaras. Los cambios impulsan un ajuste de la política desde la estructura de control de gobierno con una reducción de cargos públicos del 22 por ciento, que se suma al 11 por ciento que ya había hecho la gobernadora al momento de su asunción. Esto supone un reordenamiento del 30 por ciento de las estructuras subministeriales que se superponían en varias áreas y una reclasificación de la mitad de las estructuras que no tenían una alineación clara con los objetivos estratégicos de gobierno. Traducido en números, de 990 cargos políticos se eliminaron 221 (14 subsecretarías, 82 direcciones provinciales y 125 direcciones de línea) lo que hará que todas las áreas de la administración provincial deban adaptar su funcionamiento a la nueva organización propuesta por el Ejecutivo.