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VIENDO 29/9/17
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#Opinión

Medicamentos de alto costo: regulación y coberturaADJUNTO

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BUENOS AIRES, septiembre 29: el columnista del Diario de Río Negro Carlos Navarro analiza el impacto de estos tratamientos en la seguridad social, y pide un sistema de regulación para el país similar al que tiene Inglaterra.

#ResistenciaBacteriana
Debate actual: no podemos desestimar nuestra crisis de antibióticos
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BUENOS AIRES, julio 11: Michelle A. Williams, decana de la Escuela de Salud Pública THard de Harvard, escribe esta brillante columna de opinión en The Washington Post donde alerta sobre la resistencia microbiana, y remarca que “nos enfrentamos a la selección natural, la propia evolución darwiniana”, por lo cual pide más controles y medidas oficiales.
#Opinión
Gripe y resfrío ¿a qué síntomas y efectos debemos estar atentos?
ADJUNTO
BUENOS AIRES, julio 12: El ex presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria Carlos Luna escribe sobre estos males tan frecuentes en esta ´época del año, que muchas veces se menosprecian pero que deben ser tratados de manera eficiente.

Los medicamentos de alto costo (MAC) son catalogados como tales por tener un valor económico igual o superior en un 40 por ciento al ingreso familiar de un paciente que necesita tomarlos. Esto provoca un excesivo esfuerzo económico para pacientes, financiadores o para el sistema público de salud. Los MAC son onerosos por ser productos monopólicos, con un único oferente, de muy baja sustitución, inelásticos al precio y protegidos por derechos de propiedad, lo que les permite tener la exclusividad en el mercado. Estos productos se encuentran en el mercado con precios que resultan inalcanzables, no sólo para quien deba consumirlos, sino también para aquellos que deban financiarlos con recursos presupuestarios finitos y, en definitiva, con recursos de quienes aportan al sistema financiador.

En este escenario se plantean interrogantes que tienen que ver con la selección de cuáles MAC merecen ser financiados y cuáles serían las mejores estrategias para hacerlo sin poner en riesgo el sistema sanitario. Para responder a esto, se crearon organizaciones de profesionales entrenados en evaluar la efectividad clínica y el costo-beneficio de estos productos, que están activos en nuestra provincia desde hace muchos años, aunque lamentablemente sus recomendaciones se generan una vez que los MAC están disponibles en el mercado, lo que resulta ser tarde.

El caso paradigmático de cómo tienen que funcionar estos grupos de estudio lo muestra Inglaterra con su Instituto Nacional de Salud (NICE) que define (no sin dificultades) qué es lo mejor para los ciudadanos, ya sea desde el punto de vista de eficacia clínica como desde el punto de vista económico. Las recomendaciones de este Instituto son la base de la política de salud de todo el país, ya que existe, prácticamente, una sola política de salud. Argentina carece de algo similar. La regulación de medicamentos recae sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que define qué se comercializa o no en nuestro territorio. La mayoría de sus decisiones se basa en los dictámenes de la agencia norteamericana FDA (Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos). Lamentablemente, desde hace años la FDA se encuentra enferma de conflictos de interés, de dependencia económica de las mismas empresas que la deben regular, de interferencia política, de reacciones tardías cuando se trata defender a la salud pública y garantizar la seguridad de medicamentos y de burocracia. “Todo un cáncer”, según las declaraciones públicas del Dr. Andrew Eschenbach, exdirector de la organización. Por lo tanto, el escenario es preocupante para la Argentina.

Pese a todo esto, se visualizan cambios alentadores. En nuestra provincia la Justicia solicita la opinión del Comité de la Provincia del Neuquén para apoyar sus decisiones. Se está conformando la Agencia Nacional de Evaluación Tecnológica nacional en la que participarán todos los efectores para discutir estos temas; si bien su conformación es controvertida, por lo menos se intenta una salida a la situación. El Consejo de Obras Sociales de la República Argentina (que nuclea a las obras sociales que administran el recurso en salud de siete millones de afiliados) tiene como prioridad apoyar el desarrollo de las agencias provinciales y sus redes, y los medios de comunicación social permiten denunciar estos temas. Todas estas acciones intentan crear conciencia de lo que sucede.

Muchas dudas quedan para resolver: clínicamente hablando ¿son realmente efectivos los MAC?, ¿realmente solucionan temas importantes en la salud de los ciudadanos?, ¿son realmente de alto costo o simplemente de alto precio?, ¿cuál será la política nacional para mitigar el daño económico que el mercado, sin control, genera en la población? La futura Agencia Nacional de Evaluación Tecnológica de nuestro país ¿será tenida en cuenta por la ANMAT? Las recomendaciones de nuestros comités de evaluaciones provinciales ¿serán tenidas en cuenta a la hora de financiar protocolos de diagnósticos o de atención? Nuestros legisladores, a la hora de generar nuevas leyes, ¿consultarán a los organismos evaluadores y a los representantes de los financiadores? Falta mucho camino por recorrer, muchas acciones que realizar. Tomar conciencia puede ser su principio.