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VIENDO 26/9/17
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Entidades y especialistas critican la reglamentación de la ley de cannabis medicinal

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BUENOS AIRES, septiembre 26: Según afirman, la reglamentación parcial realizada la semana pasada por el gobierno “no respeta el espíritu” de la normativa. Además de prohibir el autocultivo genera un programa, que sólo incluirá a pacientes con epilepsia refractaria. “Transformaron una ley en un protocolo de investigación”, afirman las críticas.

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Luego de varios meses sin novedades, la semana pasada el gobierno nacional finalmente reglamentó la ley de cannabis medicinal. Lo hizo de manera parcial, dejando varios artículos sin legislar, lo que despertó críticas de los impulsores de la norma, que aseguran que de esta manera se modifica el espíritu de la iniciativa. Como ya se había adelantado, la flamante ley no permite el autocultiuvo, un reclamo de las organizaciones de pacientes. Pero además, hubo otras limitaciones que hacen que la normativa sea distinta a la planteada en el Congreso. En este sentido, diputados también se quejaron, y pidieron rectificaciones el ministerio de Salud nacional, el organismo de aplicación.

Las críticas de las entidades se conocieron luego que el viernes pasado se publicara en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta la ley 27.350. . “Lo que nos motivó a ir en busca de la ley, no se modificó. Seguimos estando en la ilegalidad”, sostuvo Valeria Salech, integrante de Mamá Cultiva, respecto a la imposibilidad de cultivar marihuana de forma personal para fines médicos. Salech se refiere al artículo 8, que originalmente buscaba crear un registro de usuarios y familiares para "eximirlos" de la aplicación del artículo 5 de la Ley 23.737 (de Estupefacientes), que entre otras cosas, condena el cultivo. Desde Mamá Cultiva advirtieron que “no se prevé una autorización del autocultivo, ni mucho menos un mecanismo de cobertura ante eventuales allanamientos de las fuerzas policiales”.

Contra este pedido, el gobierno optó por apostar a una reglamentación “más restrictiva”, que acota la utilización del cannabis medicinal para pacientes que padecen epilepsia refractaria, y no el resto de las patologías reconocidas en otras normativas. En este sentido, crea el denominado “Programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”. “Le ley no hablaba de que teníamos que inscribir a nuestros hijos en un programa para ser sometido a investigación, ¿lo quieren tomar como conejillo de la India”?, se quejó Salech. “No está bien lo que hizo el Gobierno. Tardaron más de seis meses en reglamentarla, pensamos que iban a salir con algo superador, pero esto no tiene nada de moderno”, agregó, en diálogo con el diario Página/12.

Afuera de la reglamentación no sólo quedó el autocultivo, sino también la promoción de la ley en el resto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el impulso a la producción pública del aceite de cannabis. Este punto era considerado esencial por las organizaciones que impulsaban la ley, ya que la importación no alcanza para cubrir la demanda del producto. Por esto, la diputada nacional del Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, una de las promotoras del proyecto para legalizar el cannabis medicinal, fue tajante: “no es lo que se votó”. “El Gobierno fue en contra de un principio constitucional que dice que no se puede alterar el espíritu de la ley con la reglamentación. Transformaron una ley en un protocolo de investigación”, apuntó.

Gaillard advirtió que se están dejando “afuera a miles de pacientes que hacen uso del tratamiento y que padecen otras patologías, como mal de Parkinson, fibromialgias, pacientes oncológicos, que hacen uso del cannabis con fines terapéuticos”. “Arrojan a la ilegalidad a miles de usuarios que no van a dejar de hacer uso. Los dejan en la clandestinidad. Por eso, con la ley queríamos que los médicos pudieran prescribirlo para las patologías que lo consideran.”, señaló la diputada.

Los usuarios inscriptos en el Programa recibirán el aceite de cannabis en forma gratuita (será importado), mientras quienes decidan no formar parte, deberán pagarlo. También se autoriza al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a que cultiven cannabis "con fines de investigación médica o científica para la elaboración de la sustancia que como medicamento sirva para proveer a quienes estuvieren incorporados al Programa". Por último, se especifica que el Ministerio de Seguridad será quien establecerá "las condiciones de habilitación", lo que no estaba presente en la ley. Hay un prejuicio con el cannabis. Ha primado una mirada de seguridad en lugar de la mirada del ministerio de Salud.

Según la legisladora del Frente para la Victoria, otra falencia de la reglamentación es que “no aclara quién va a expedir la autorización para que el INTA y el CONICET cultiven, ni está reglamentado el rol de los laboratorios de producción pública de medicamentos, que es lo central de la ley, porque allí se expresa que el aceite será elaborado de forma prioritaria por ellos. El Gobierno Nacional ha ignorado esto y reglamentó sólo para comprar aceite importado”. “El Gobierno Nacional fue en contra de un principio constitucional que dice que no se puede alterar el espíritu de una ley con la reglamentación”, señaló Gaillard. En este sentido, sostuvo que tal cual está hecha la reglamentación, “es inconstitucional porque altera el espíritu de la ley, sobre todo en la parte que habla de las patologías que va a alcanzar el Programa, ya que en la ley dice que es para las patologías que el médico considere pertinente, y el Poder Ejecutivo lo limitó a la epilepsia refractaria”, concluyó la diputada entrerriana.