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VIENDO 8/9/17
HepatitisC

#HepatitisC

Lorena Di Giano: “El problema con las patentes y los precios es global”

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HepatitisC

BUENOS AIRES, septiembre 8: la titular de la fundación GEP habló de los problemas en materia de acceso medicamentos que existen en el país y el mundo por la actitud de la industria farmacéutica respecto a las patentes y sus usos y abusos. “El sistema trata de vender al medicamentos al mayor precio que puede”, sostuvo.

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La discusión sobre los abusos en materia de patentes de medicamentos está instalada en la Argentina, y desde hace tiempo genera quejas de organizaciones de pacientes. El foco está puesto en los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, que en su lanzamiento generó polémica por su alto costo, pero que a partir de medidas tomadas por gobiernos y entidades, se logró bajar su valor. En el país, entidades como la Fundación Efecto Positivo (GEP) trabajan para que el Ministerio de Salud vuelva a comprar los tratamientos, para unos 500 pacientes que están en situación grave. Luego de hablar con José María Di Bello, MIRADA PROFESIONAL reproduce esta entrevista con la agencia TSS con Lorena Di Giano, la titular de la entidad, que habló de la situación de las patentes, y alertó que “el sistema trata de vender al medicamentos al mayor precio que puede”.

¿Qué ideas circulan en un organismo como la ONU con respecto a las patentes de los fármacos?

En el Panel de Alto Nivel que conformó Ban Ki-Moon hubo un debate en torno a que el problema que tenemos con las patentes, los precios y los monopolios sobre medicamentos ya no es solo de los países en desarrollo, sino que es global. Tal vez los países de renta media estamos sufriendo más que otros porque estamos librados al mercado, mientras que hay mucha ayuda internacional para África, por ejemplo. Sin embargo, los países ricos también están teniendo dificultades, porque un Sofosbuvir —medicamento que se utiliza para el tratamiento de la Hepatitis C crónica— a 84.000 dólares es algo también inaccesible en Estados Unidos o Europa. Ban Ki-Moon conformó este equipo de expertos para pensar cómo podemos sortear la incoherencia que existe entre los derechos de los propietarios de patentes y los derechos humanos.

¿En qué radica esa incoherencia?

Las barreras de acceso a medicamentos y tecnologías médicas en general tienen que ver con la creación del sistema de patentes y un acuerdo internacional, ADPIC (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio), en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Argentina lo firmó en 1994 y es un acuerdo que globaliza normas de propiedad intelectual y sienta estándares mínimos de protección, sobre todo en áreas de tecnología, pero los medicamentos quedaron incluidos. Para los países industrializados era una costumbre, pero no lo era para los países en desarrollo. En la Argentina, por ejemplo, no teníamos la costumbre de tener patentes sobre los medicamentos, y desde que firmamos ese acuerdo han proliferado las solicitudes, hay miles en la oficina local del INPI (el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial). Posteriormente, en 2012, la Argentina adoptó las guías de patentabilidad, que son una especie de manual para el examinador, pero también sirven de guía para el solicitante, porque establecen qué es patentable y qué no. Por ejemplo, las combinaciones de drogas no son patentables y, en el caso del VIH/Sida, hay tratamientos que incluyen tres drogas distintas en una pastilla, cada una de las cuales ya tuvo o tiene su patente, y una empresa, Gilead, juntó esas tres drogas y solicitó una patente más.

En el caso del Sofosbuvir, ¿las solicitudes de patentes todavía no se han resuelto en el país?

Los medicamentos para la Hepatitis C son antivirales de acción directa que salieron al mercado no hace mucho tiempo y que son superadores de los tratamientos que había antes, que eran muy tóxicos, largos y de poco efecto. Produjeron una especie de revolución porque son la cura, tienen una efectividad de más del 95 por ciento, pero salieron al mercado con precios de mil dólares cada pastilla, y es necesario tomar 84 pastillas durante 12 semanas. Esto provocó la reacción de mucha gente, porque para los presupuestos públicos es algo imposible. En la Argentina no alcanzaba todo el presupuesto público de salud para comprar los tratamientos. Y la empresa —Gilead— ni siquiera desarrolló el producto, sino que lo compró a su desarrollador por 11.000 millones de dólares como inversión y empezó a buscar las patentes por el mundo, intentando que esos productos quedaran en monopolio, con lo que tendría derechos exclusivos por 20 años que excluyen a cualquiera que quiera fabricarlo o comercializarlo. El sistema convirtió al medicamento en una mercancía y lo trata de vender al mayor precio que pueda, con precios extorsivos inclusive para los gobiernos, que son garantes de la salud pública.

¿Qué hicieron frente a esa situación?

Fuimos a la oficina de patentes, extrajimos copias de las solicitudes, que eran por lo menos 18 sobre diferentes aspectos del Sofosbuvir, las analizamos y vimos que no cumplen con los requisitos legales. Entonces buscamos pruebas, desarrollamos argumentos y acompañamos lo que llamamos oposiciones a la solicitud de patentes a la oficina del INPI, para que las rechazaran. Esos argumentos se usaron acá y en diferentes países como China, Ucrania e India, y en la European Patent Office (EPO). Algunos productores locales hicieron propios los argumentos que estábamos difundiendo, porque es difícil que un laboratorio se lance al mercado a buscar el registro sanitario e invierta si hay una patente pendiente, porque si luego se otorga esa patente, no solo tiene que retirarse sino que es posible que también deba hacerse cargo de daños y perjuicios.

Y en el caso de Sofosbuvir todavía no hay resolución…

Este caso es muy particular porque hoy tenemos cuatro registros sanitarios, uno del laboratorio que pide la patente, Gilead, y tres de productores locales: Elea, Richmond y Ultra Pharma. Si bien hay un dictamen técnico del examinador que dice que esto no es nuevo, la patente todavía no fue resuelta. Estamos casi seguros de que van a rechazarla, como ocurrió en China y en otros países, pero no se resuelve. De todos modos, ya tenemos cuatro registros sanitarios de empresas que están compitiendo en las licitaciones, lo que permitió que en la primera compra que hicieron, que se terminó de concretar en marzo de 2016, el tratamiento se pudiera vender a 1.400 dólares por una empresa local, mientras que Gilead cobró 6.000 dólares. Posteriormente el precio bajó a 600 dólares y ahora a 400 dólares.