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VIENDO 15/6/15
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Informe especial: la pelea por las farmacias polirrubros enfrenta a Nación con Capital Federal

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BUENOS AIRES, abril 7: Desde el ministerio de Salud nacional reivindicaron la fiscalización de las farmacias porteñas, y adelantaron que podrían sancionar a quienes no cumplan la resolución 1632/13, que prohíbe la venta de golosinas, bebidas y otros productos. Pero desde el gobierno de la Ciudad insisten con tener el “poder de policía”. La pelea que tiene en el medio el negocio de las cadeneras

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A fines de marzo, la resolución 1632/13 que prohíbe la venta de golosinas, bebidas y otros productos en las farmacias se puso en vigencia en todo el país. Sin embargo, la misma no tuvo el impacto que se esperaba. En la mayoría de las jurisdicciones del país las legislaciones provinciales no se sumaron, y la medida quedó en una extraña nebulosa. El caso más grave es el de Capital Federal, donde el gobierno local “desafío” a la Nación, y emitió su propia medida para regular las actividades de los mostradores. Ante esto, el ministerio de Salud que dirige Juan Manzur ratificó que fiscalizará las farmacias porteñas, en especial aquellas que no se adecuaron a la normativa.

Mediante un comunicado de prensa, la cartera sanitaria nacional reivindicó “la fiscalización de las farmacias porteñas”, al ratificar su “poder de fiscalización sanitaria” en los mostradores de la Capital Federal. La posición del Ministerio de Salud de ejercer la fiscalización sanitaria de las farmacias porteñas, fue transmitida por Andrés Leibovich, subsecretario de Políticas, Regulación y Fiscalización.

La pelea se inició luego de que el gobierno decida regular las denominadas “farmacias polirrubro”, lo que puso en jaque el negocio de Farmacity y el resto de las cadeneras. Ante esto, el gobierno porteño firmó el decreto 98/14 que, invocando ese poder de policía que nunca le fue traspasado pero que él autoasume, dispuso que las farmacias podían funcionar como polirrubros, es decir venta de chupetines y medicamentos psiquiátricos, curitas y drogas contra el cáncer. "Contra todos los criterios de salud del mundo, impulsa el consumo de los medicamentos, que es el principal camino hacia la drogadicción, la automedicación”.

Para dar marcha atrás con esto, la diputada porteña Gabriela Cerruti propuso mediante un proyecto la derogación del decreto firmado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, que permite que las farmacias que funcionan en la Capital Federal puedan vender bebidas, golosinas y otros productos además de medicamentos. La prohibición rige desde hace unos días en todo el país mediante la resolución 1632/13, que el ministerio de salud nacional oficializó desde la semana pasada.

En concreto, Cerruti, del bloque Nuevo Encuentro, pide “la nulidad de los decretos 4113 publicado en el Boletín Oficial del 28 de enero pasado que aprueba el marco regulatorio para la habilitación técnica de farmacias y de 9813 difundido el 10 de marzo que fija la fiscalización y control técnico de este tipo de comercios”. Para la legisladora, ambos escritos del jefe de Gobierno “contradicen la resolución 163213 del Ministerio de Salud de la Nación que establece que las farmacias sólo pueden realizar actividades de preparación de recetas y dispensa de drogas y medicamentos y prohíbe la comercialización de productos no medicinales, ni vender alimentos o libros, ni recargar celulares, entre otros”.

“Con la manifiesta intención de sustraerse de la aplicación de esa resolución nacional, el Gobierno de la Ciudad dictó el decreto 41 por el que dice que será el Ministerio de Salud de la Ciudad quien otorgue la habilitación técnica de las farmacias”, precisó, y agregó que “como puede observarse, a partir de este plexo normativo, el Gobierno de la Ciudad pretende asumir el poder de policía sanitaria en materia de habilitación, fiscalización y control técnico de las farmacias que desarrollen sus actividades en la Ciudad”.

Asimismo, la legisladora recordó que “no es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad pretende eludir las regulaciones sanitarias sobre el ejercicio de la actividad farmacéutica”. “En 2011 vetó a través del Decreto 67011 la ley 4015 por la cual la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la ley nacional 26.567 de regulación de la actividad farmacéutica”, agregó.

Cabe recordar que la resolución 1632/13, publicada en noviembre en el Boletín Oficial, precisa que las farmacias “sólo podrán dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos, incluidos de venta libre y especialidades farmacéuticas cualquiera sea su condición de expendio, además de los productos destinados a la higiene o estética de las personas y productos para diagnósticos”. Esto deja fuera de los mostradores cualquier tipo de alimentos, bebidas, productos deportivos, y otras cosas que se suelen ver en las cadenas del sector.

La resolución obliga a las farmacias a retirar los productos que no están permitidos en un plazo de 90 días (hábiles administrativos), los que obligará a varias cadenas a modificar su esquema de negocios, que además de medicamentos, comercializan productos alimenticios, de kioscos, y otros enseres. Una vez superado ese lapso, se comenzarán a aplicar las sanciones correspondientes.

En la provincia de Buenos Aires, la resolución fue saludada, y se destacó que es parte del reconocimiento de la farmacia como parte integral del sistema sanitario. En este sentido, recordaron que la ley provincial 10.606 está en línea con esta idea, y se aplica de forma concreta. Lo mismo sucede en Capital Federal, donde el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal recordó que la norma cancela la chance de vender alimentos en general, artículos electrónicos y otros productos en las farmacias. "Esta reglamentación deja sin efecto el polirrubro, como la venta de CD o golosinas", informó Claudio Ucchino, titular de la entidad.

Por el contrario, las grandes superficies se niegan a adaptarse a la norma. En especial, la pelea contra este paso a la normalidad es dado por Farmacity, la principal cadenera del país según declaró su CEO Mario Quintana, la medida de Salud “intenta frenar la expansión de Farmacity”, y le apunta a los laboratorios: “en los últimos 50 locales inaugurados no se habiliten los descuentos para afiliados al PAMI, obras sociales y prepagas, un sistema del que la llave la tiene la industria de medicamentos”