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VIENDO 15/6/15
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Presentan un proyecto para frenar el decreto porteño que autoriza las farmacias “polirrubro”

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BUENOS AIRES, marzo 25: La legisladora Gabriel Cerruti presentó una iniciativa para dejar sin efecto el decreto presentado por el gobierno porteño que autoriza la venta de bebidas y golosinas en mostradores. Asegura que contradice la resolución nacional, y que va contra las regulaciones sanitarias. La diputada denunció los lazos de la cadena Farmacity, principal beneficiaria de la medida, con el gobierno de Mauricio Macri.

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La semana pasada el decreto 4113/14 entró en vigencia en toda la Ciudad de Buenos Aires, y habilitó a las farmacias a vender golosinas, bebidas y otros productos, que una resolución nacional prohibió en todo el país. El “salvavidas” del gobierno de Mauricio Macri al modelo “polirrubro” es un guiño directo a Farmacity, la mayor cadena de la Argentina, con lazos muy marcados entre ambos. Para tratar de llevar a la Ciudad a la Buenos Aires al camino de la normalidad, una legisladora porteña acaba de presentar un proyecto para dejar sin efecto el decreto del oficialismo, y prohíba la venta de productos no relacionados con la salud en los mostradores porteños. En los fundamentos, la iniciativa denuncia la complicidad y los “negocios conjuntos” entre el oficialismo y la firma del grupo Pegasus.

La diputada porteña Gabriela Cerruti propuso mediante un proyecto la derogación del decreto firmado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, que permite que las farmacias que funcionan en la Capital Federal puedan vender bebidas, golosinas y otros productos además de medicamentos. La prohibición rige desde hace unos días en todo el país mediante la resolución 1632/13, que el ministerio de salud nacional oficializó desde la semana pasada.

En concreto, Cerruti, del bloque Nuevo Encuentro, pide “la nulidad de los decretos 4113 publicado en el Boletín Oficial del 28 de enero pasado que aprueba el marco regulatorio para la habilitación técnica de farmacias y de 9813 difundido el 10 de marzo que fija la fiscalización y control técnico de este tipo de comercios”. Para la legisladora, ambos escritos del jefe de Gobierno “contradicen la resolución 163213 del Ministerio de Salud de la Nación que establece que las farmacias sólo pueden realizar actividades de preparación de recetas y dispensa de drogas y medicamentos y prohíbe la comercialización de productos no medicinales, ni vender alimentos o libros, ni recargar celulares, entre otros”.

“Con la manifiesta intención de sustraerse de la aplicación de esa resolución nacional, el Gobierno de la Ciudad dictó el decreto 41 por el que dice que será el Ministerio de Salud de la Ciudad quien otorgue la habilitación técnica de las farmacias”, precisó, y agregó que “como puede observarse, a partir de este plexo normativo, el Gobierno de la Ciudad pretende asumir el poder de policía sanitaria en materia de habilitación, fiscalización y control técnico de las farmacias que desarrollen sus actividades en la Ciudad”.

Asimismo, la legisladora recordó que “no es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad pretende eludir las regulaciones sanitarias sobre el ejercicio de la actividad farmacéutica”. “En 2011 vetó a través del Decreto 67011 la ley 4015 por la cual la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la ley nacional 26.567 de regulación de la actividad farmacéutica”, agregó.

En este punto, la legisladora dejó en evidencia lo que en el mundo farmacéutico se sabe a toda voz: los lazos comerciales entre Farmacity y el gobierno de la Ciudaad. En este sentido, Cerruti denuncia “una red de negocios e intereses privados que avanza como un iceberg sobre la salud pública: la punta visible del iceberg, Jorge Tonelli, pareja de la diputada Gabriela Michetti y director ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores de Especialidades Medicinales de Venta Libre (Capemvel)”.

Según dice una nota publicada por Página/12 este fin de semana, “Farmacity, principal beneficiaria del 98/14, integra el Grupo Pegasus, con Freddo y Musimundo, y a su cabeza está Nicolás Caputo, compañero de Macri en Cardenal Newman. Y siguen los títulos”. "No puede pasar por sobre la ley Cafiero, que dispone que la Nación debe traspasar los poderes a la Ciudad", dijo Cerruti.

La semana pasada, Macri dio la segunda puntada cuando firmó el decreto 98/14 que, invocando ese poder de policía que nunca le fue traspasado pero que él autoasume, dispuso que las farmacias podían funcionar como polirrubros, es decir venta de chupetines y medicamentos psiquiátricos, curitas y drogas contra el cáncer. "Contra todos los criterios de salud del mundo, impulsa el consumo de los medicamentos, que es el principal camino hacia la drogadicción, la automedicación."

La diputada Cerruti dijo: "Este escándalo empezó cuando Macri vetó la creación de un laboratorio estatal y la prohibición de venta libre de medicamentos".

La venta de medicamentos de venta libre, representados por la entidad que dirige Tonelli, creció casi 200 por ciento desde 2001 a la fecha y en 2010 representó el 28 por ciento del total de unidades vendidas en el mercado farmacéutico argentino. La comisión directiva de Capemvel está compuesta mayoritariamente por representantes de los principales laboratorios del mundo, tales como Pfitzer, Glaxo, Novartis, Bayer y Boehringher Ingheleim, entre otros.

De acuerdo al matutino mencionado, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, mantiene un vínculo personal con Mario Quintana, el CEO de la cadena Farmacity, que a su vez forma parte del Grupo Pegasus, también dueño de las marcas Freddo y Musimundo, que está bajo el mando de Nicolás Caputo, compañero de Macri en el colegio Cardenal Newman.

La resolución 1632/13, publicada en el Boletín Oficial, precisa que las farmacias “sólo podrán dedicarse a la venta de recetas preparadas, dispensa de drogas, medicamentos, incluidos de venta libre y especialidades farmacéuticas cualquiera sea su condición de expendio, además de los productos destinados a la higiene o estética de las personas y productos para diagnósticos”. Esto deja fuera de los mostradores cualquier tipo de alimentos, bebidas, productos deportivos, y otras cosas que se suelen ver en las cadenas del sector.

La resolución obliga a las farmacias a retirar los productos que no están permitidos en un plazo de 90 días, los que obligará a varias cadenas a modificar su esquema de negocios, que además de medicamentos, comercializan productos alimenticios, de kioscos, y otros enseres. Una vez superado ese lapso, se comenzarán a aplicar las sanciones correspondientes.

Para los farmacéuticos, la resolución es “un paso de sentido común”, que reconoce la labor sanitaria de los profesionales y a la farmacia como parte del sistema de salud. En este sentido, fuentes del sector le dijeron a MIRADA PROFESIONAL que ven la medida como “un apoyo tácito a la ley de venta exclusiva en farmacias, ya que deja en claro que medicamentos y demás van a los mostradores y las golosinas a los kioscos”.