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Opinión: una equidad que supere la judicialización de la salud

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BUENOS AIRES: El debate sobre la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ANETS). Por Esteban Lifschitz (*). Diario Clarín, lunes 10 de enero de 2016.

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Ningún país, por más rico que sea, está en capacidad de proveer a toda la población todas las tecnologías o intervenciones que podrían mejorar la salud o prolongar la vida (Organización Mundial de la Salud, 2010). El ministro de Salud de la Nación propuso en los primeros cien días de gobierno crear una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ANETS).

Es a todas luces una gran noticia ya que permitirá que discutamos desde la evidencia científica el verdadero aporte de cada nueva tecnología (medicamentos, dispositivos, procedimientos). Porque aunque parezca mentira no todo lo nuevo es mejor. Aunque lo que nunca falla es que lo novedoso siempre es más costoso.

En la actualidad, para ser usado en Argentina, un nuevo medicamento solo necesita demostrar ante ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) que es seguro, eficaz y cumple con condiciones de adecuada fabricación.

Una vez que lo hizo ya está en condiciones de ser vendido y por consiguiente, de ser prescripto por algún profesional y obviamente también de ser pagado por alguien (sea el propio paciente, su obra social, prepaga o el propio Estado).

Es necesario, además, verificar que ese nuevo medicamento o tecnología genere beneficios para la salud y que no encarezca innecesariamente los tratamientos. Esa misma sería la función de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ANETS): evaluar los beneficios que supone esa nueva tecnología en términos de resultados en salud, el costo que supone su uso y definir en qué circunstancias deberá ser cubierto.

Resulta difícil entender que un medicamento aprobado por ANMAT pueda no ser cubierto por una obra social o prepaga.

Es que ambas agencias -ANMAT y ANETS- deben analizar variables muy diferentes. Puede que ANMAT lo apruebe porque demostró prolongar la sobrevida en determinada enfermedad al compararlo con un placebo.

Pero, conforme sus funciones, las evidencias reunidas y el análisis comparativo, la ANETS puede determinar que no corresponde su cobertura porque ya existe otra droga disponible que prolonga la vida en esa misma enfermedad por más tiempo y a menor costo.

Argentina padece una epidemia de judicialización de la salud. Cada vez con mayor frecuencia la cobertura de nuevos y costosos tratamientos es definida a través de dictámenes judiciales que no consideran (ni pueden considerar) evidencias científicas sobre efectividad.

Hacer justicia es lograr que todo el que necesite determinado tratamiento pueda acceder al mismo (ya sea rico o pobre).

Pero también que nadie que no lo necesite acceda.

Es un error asumir que cada vez que una obra social no aprueba determinado tratamiento está en realidad limitando los justos derechos del paciente. Muchas veces esa restricción obedece a falta de evidencia científica que sustente esa indicación o peor aún, a la existencia de evidencia en contra de su uso. Incorporar la ANETS supone un paso adelante en pos de garantizar un acceso equitativo a los tratamientos.

Varios países han avanzado en este sentido. Así es en Brasil, donde luego de la aprobación por ANVISA (la ANMAT brasileña) una comisión nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (CITEC, por sus siglas en portugués) define qué debe ser cubierto y qué no.

O en Colombia, que cuenta con el IETS (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud). Así lo han hecho países con sistemas de salud tan diferentes como Inglaterra, Alemania o Uruguay, entre muchos otros.

También en los Estados Unidos, el presidente Barack Obama identificó como fundamental que haya una única agencia que regule la incorporación de tecnología para todo el sistema, preservando al máximo su autonomía.

Aprendiendo de las experiencias internacionales cabe señalar que es clave que la ANETS funcione con independencia como ente autárquico, con procesos claros e incuestionables, articulada en red con otras iniciativas de la región. Y, además, que sus dictámenes sean vinculantes para Obras Sociales, prepagas y provincias.

Sólo de dicha manera se frenará la avalancha de judicialización, que no es otra cosa que el fracaso del sistema de salud en su conjunto.

Bienvenida sea la innovación, siempre y cuando suponga una mejora a los tratamientos disponibles. Aunque lamentablemente nuevo no significa necesariamente mejor. Y si bien los elevados precios de los medicamentos son un problema en sí mismo, mucho más es el hecho de pagar por aquello que no es una verdadera necesidad para el paciente.

Porque el presupuesto siempre es finito, también en salud. Pague quien pague.

*Investigador, Inst. de Medicina para la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica (Facultad de Medicina, UBA). Miembro del Grupo PAIS