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Medicamentos: tres miradas sobre el mercado farmacéuticoADJUNTO

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BUENOS AIRES, febrero 24: Tres opiniones sobre el debate de los precios de los medicamentos. Diario Miradas al Sur, lunes 24 de febrero de 2014.

#Vacunación
Alertan que este año es bajo el porcentaje de aplicación de la vacuna antigripal
ADJUNTO
BUENOS AIRES, julio 12: Desde la secretaría de Salud admiten que por el momento la inmunización está lejos de lo ideal, y que los integrantes de los grupos de riesgo deben aplicarse la dosis correspondiente. Aseguran que hay disponibilidad de la vacuna en todo el país.
#ConvenioPAMI
El PAMI y los laboratorios reanudan su “guerra fría” por deudas del viejo convenio
ADJUNTO
BUENOS AIRES, julio 12: La obra social y la industria farmacéutica negocian en silencio por el reclamo de unos 4.200 millones de pesos que se adeudan del viejo contrato. La disputa apunta además al sistema de fijación de precios.

Medicamentos Por José Carlos Escudero. Médico sanitarista.

Sobre medicamentos estamos discutiendo principalmente sobre cuánto cuestan. Esto es razonable, sobretodo si tenemos en cuenta que los pobres se enferman más que los ricos, y gastan en medicamentos proporcionalmente más que aquellos; pero existen problemas aún peores y a largo plazo que son aún más importantes, acerca de los cuales casi no hay debate.

Los medicamentos son un tercio del gasto total en salud, y si la correlación política de fuerzas en nuestro país fuera otra este gasto podría ser la mitad del actual. El capitalismo gana mucho dinero vendiéndolos, y cada vez comete más violaciones a la ciencia y a la ética al hacerlo, quizás acicateado por la actual crisis económica mundial, que continúa agravándose De estas violaciones se habla poco, excepto en ambientes especializados. Empecemos con las violaciones a la ciencia. La mayor parte de los medicamentos que se venden en Argentina no han sido estudiados rigurosamente. Los medicamentos recién patentados (que reemplazan a otros, quizás tan eficaces y más baratos) han sido poco estudiados, pueden ser poco eficaces, y muchas veces han generado contraindicaciones que la Industria oculta hasta que un eventual escándalo las hace aparecer.

La Organización Mundial de la Salud ha determinado que apenas un par de cientos de medicamentos, en general baratos, solucionan casi todas las enfermedades, pero la Industria ignora esta sensatez científica. De las violaciones a la ética se habla igualmente poco. La industria tiene “gentilezas” con muchos médicos, aquellos que por sus especialidades deben recetar medicamentos especialmente caros, o médicos que pueden encauzar gastos en partidas presupuestarias o médicos con cargos académicos o gremiales relevantes. Esto configura una violación a leyes de práctica profesional y al Juramento Hipocrático, y sería bueno que nuestro ministerio de Salud comience a investigar y sancionar estas prácticas. Otras violaciones a la ética ocurren en los Estudios de Campo, a expensas de los derechos y la condición humana de participantes en ellos.

Estos problemas éticos y científicos en los medicamentos de Argentina seguirán ocurriendo aunque el Gobierno Nacional lleve al área las mismas admirables medidas que se están tomando con los precios de los alimentos. Si el Gobierno Nacional y popular comienza a tomar medidas importantes en el tema de la Salud Colectiva nacional se encontrará con un enemigo comparado con el cual la Mesa de Enlace que esmeriló hasta casi la desestabilización a nuestro gobierno popular en 2008 es un grupo con menor capacidad de daño que la Industria capitalista de la salud argentina. Salud está en el centro de la subjetividad humana. Salud es vida, para uno y para los que uno quiere, es calidad de vida. El capitalismo nacional, utilizando a sus redes de Medios y de comunicadores va a movilizar a la sociedad haciendo “terrorismo epidemiológico”, denunciando los daños a la salud que resultarán de las políticas populistas del gobierno. Los individuos y las instituciones beneficiarias de las “gentilezas” sumarán sus voces, sus firmas y sus sellos a las denuncias.

Irónicamente, medicamentos es un potencial eslabón débil del capitalismo en salud. Los ofertores privados están cada vez más divididos, los escándalos (discutidos reservadamente ) son cada vez más flagrantes… la fabricación pública de medicamentos por el Estado, que actualmente duerme el sueño de una anestesia inducida, puede ser un primer paso eficaz. Puede demostrar a la sociedad que lo que fabrica el Estado es apreciablemente más barato y de mejor calidad promedio que lo que vende la Industria del lucro.

No es un bien del dios mercado

Por Jorge Rachid. Médico sanitarista.

En estos días, se está discutiendo un valor sobre los medicamentos con participación de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Comercio, en función exclusiva de contener los precios en una disparada –injustificada– de la industria que tiene el lamentable privilegio de tener la mayor cadena de valor, de cualquier proceso productivo del país. El medicamento es un bien social, por lo cual debe garantizarse su universalidad y accesibilidad al conjunto de la población y por esa sola razón, no puede estar sometido a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, más aún con una industria que no duda en cronificar enfermedades ( prolongar los tiempos de tratamiento en vez curar); que no invierte en investigación y desarrollo; que plantea, sobornando la práctica médica, la medicalización de cuestiones afectivas, emotivas, normales de la vida cotidiana (tratamientos médicos para situaciones normales de la vida).

Una industria como la farmacéutica, que ha confrontado y golpeado gobiernos, desde el Dr. Ramón Carrillo creador del Emesta (Empresa de Medicamentos del Estado-1949), primera productora pública de medicamentos hasta la ley Oñativia, en época de Ilia, que lleva al golpe de estado; una industria que tiene precios que superan el 10.000% entre su estructura de costos y su precio final, evadiendo el IVA, que en el medicamento se paga sólo en la primera venta; por disposición, sólo la salida del laboratorio paga impuesto, el resto de la cadena de comercialización está exento), por eso sólo venden a sus propias droguerías, sin o con mínimas ganancias, pagando mínimo IVA y luego, esas empresas camufladas venden al Estado y la seguridad social (con los valores que superan cualquier cadena de valor de otras industrias), que discute con estos verdaderos traficantes de la salud, como si fuese un producto de almacén y no como un producto imprescindible para la vida de millones de personas.

La misma industria que produce en el país y exporta, siendo sus productos más baratos en el exterior que en nuestro país donde son producidos, como por ejemplo Chile, donde Bagó junto a Glaxo tienen diferencias de precios del orden del 30% más bajos. La misma industria que durante la crisis del 2001 se retiró de los hospitales públicos, por falta de garantías de pago del país, pese a que durante el debate de la ley de patentes del año 1995, discutimos y protegimos, los peronistas y no peronistas del campo nacional y popular, la industria nacional, frente a los avances neoliberales, que la hubiesen hecho desaparecer, si triunfaba el proyecto original de Cavallo y la embajada de EE.UU.

Los mismos que importan del exterior a sobreprecios (para poder girar divisas) y en los casos de medicamentos de alto costo y baja incidencia, llegan a ganancias del orden del 17.000% (por favor no piensen que me equivoqué, ver ej. Tobramicina aerosol, ARV, monoclonales) que termina pagando sólo la seguridad social, o sea un sistema solidario de salud en todas sus variantes, sometido y violado por las leyes del mercado. La misma que ocasiona a nuestro país, un déficit de la balanza de pagos por 1.700 millones de dólares anuales, que es hoy uno de los conflictos con el sector externo.

El gasto del medicamento en el gasto total de salud, es el más alto del mundo, en nuestro país. En efecto, sobre el gasto total de salud de 275.000 millones, el medicamento significa el 32% de ese total, o sea, más de 80 mil millones cuando cualquier país del mundo no gasta más del 15% como máximo.

De esa erogación el 20% es gasto de bolsillo, lo que significa resignar para la familia argentina otras asignaturas de vida, en función del medicamento, elemento esencial de la vida en especial los enfermos crónicos. El hospital público, las obras sociales sindicales y las obras sociales provinciales erogan, a través del ahorro interno genuino o recursos tributarios, el 90% del gasto de salud a nivel nacional, gastando, cuando debería ser invirtiendo –en función de los abusivos precios de la industria– ingentes recursos que deberían ser asignados a la prevención, ante tratamientos de dudosa eficacia en muchos casos, impuestos por la industria a fuerza de publicidad sintomatológica, prohibida en todo el mundo, menos en la Argentina, lo que lleva a la automedicación.

La PPM (Producción Pública de medicamentos) son 36 laboratorios en el país de los cuales 10 tienen habilitación Anmat (Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología), no sólo debió salvar el escollo de la crisis del 2001, produciendo ante la falta de insumos dando respuestas en cada provincia argentina, sino que ha evolucionado, con inversión tecnológica, capital humano capacitado y produciendo bajo normas de calidad, constituyendo como mínimo una empresa testigo de precios en la discusión, a la cual no ha sido convocada, ni consultada, pese a haber constituido en el año 2007 la Relap ( red de laboratorios públicos, junto al INTI y Conicet).

No hay medicamentos para ricos y para pobres, todos son autorizados por el Anmat, con las mismas técnicas de producción, con las materias primas compradas al exterior en el mismo lugar que compra la industria privada (la Argentina producía medicamentos esenciales, materias primas, hasta hace 40 años), con recursos humanos nuestros; sin embargo, un Enalapril de 10 comprimidos, su precio de costo en la PPM es de 0,50 y se vende por parte de la industria. Saque el compañero ministro la cuenta cuando discuta la fijación de precios. La PPM pudo gracias a este gobierno promulgar la ley 26.688 de producción pública de medicamentos, ley aún no reglamentada. Sin embargo, provincias y universidades siguen avanzando con la producción, agregando investigación y desarrollo que la industria no realiza, como se verificó en la reunión con las tres cámaras en el año 2006, cuando el secretario pidió los resultados contables anuales, con inversión máxima en ese rubro del 0,2%, mientras la PPM invertía en ese momento 5% de sus presupuestos anuales.

Tenemos propuestas

Que todos los medicamentos de alto costo y baja incidencia sean centralizados en la compra por el Estado Nacional, ya que es quien en definitiva lo paga, por sí o por el ahorro genuino de trabajadores a través de la seguridad social.

Que los medicamentos a los enfermos crónicos diabéticos, hipertensos y renales, sean provistos en forma gratuita y con peso sobre la PPM que está produciendo dichos medicamentos, evitando las complicaciones que llevan a internaciones de segundo nivel y a urgencias evitables.

Que se elimine por ley la publicidad sintomatológica y se apliquen sanciones, también por ley ( como en los países centrales) a los médicos e industria, que paguen por receta por vía directa, dinero o indirecta viajes, congresos o instrumental obsequio, que terminan pagando los pacientes, instalando una ley de ética médica que permita bajar la matrícula frente a esas prácticas.

Modificar la currículas de formación médica en las universidades, en general colonizadas por los laboratorios, lo mismo que los “kioscados hospitalarios”, es decir, zonas del mismo privatizadas, que imponen protocolos a los médicos condicionando su actividad.

Que se reglamente en forma urgente, la ley 26.688 y se relance la Relap, red de laboratorios públicos, creada en el 2007 por quienes integrábamos los mismos, más el INTI y la facultad, junto al Conicet, en esa época secretaría de estado, hoy ministerio. Que los medicamentos, sus presentaciones y sus precios dejen de ser controlados por Comercio y pasen a Salud.

Desarrollar lo logrado en el Unasur desde el Ministerio de Defensa, bajo el lema “el medicamento como eje de construcción de soberanía”, del cual Argentina es cabeza de proyecto, con Brasil, uruguay y el Isags (instituto de salud del Unasur) aprobado en el 2012 en Lima, con fines estratégicos en la región, con la propuesta de producir materia prima en 5 años, para 400 millones de latinoamericanos, evitando la dependencia de las mismas de terceros países.

Quienes somos peronistas o pertenecemos al campo nacional y popular, seguiremos bregando por estos principios, apoyando al Gobierno e intentando corregir secuelas del pasado neoliberal, que estructuró la medicina como un negocio rentístico-financiero antes que en un hecho sanitario esencial, primario de los DDHH de nuestro pueblo, derecho constitucional garantizado por el estado nacional.

Mercado y derecho Por Francisco Leone. Médico sanitarista.

Durante muchos años, los que trasuntamos la salud y en especial la pública intentamos instalar debates relacionados con los medicamentos que sistemáticamente se abortaban producto de acuerdos superestructurales. Hay una vieja historia de la industria farmacéutica conveniando con estructuras del Estado que acallan o contradicen estos debates. En estas últimas semanas estamos observando aquello que veníamos alertando, la industria acuerda cuando preserva o incrementa sus intereses, no le preocupa la accesibilidad social a sus productos, derechos, le preocupa el lucro, mercado.

Así vimos que la industria se erigió en el productor-gerente -regulador del mercado donde circulan, a través de contratos de gerenciación de medicamentos con gerenciadoras administradas por ellos mismos, en estructuras de cobertura que tienen una fuerte repercusión en el mercado como los contratos con obras sociales provinciales y el PAMI. A partir de estos contratos se carteliza la oferta de medicamentos en las cámaras que rigen la actividad como forma de oligopolización del mercado, con el consecuente manejo de los precios por parte de la propia industria. Durante los ’90, donde se consolida esta modalidad, aparecía como natural está modalidad, en función del rol subsidiario que había adoptado el Estado. Intentamos mostrar esa falacia y la cruzamos contra el incremento constante de gasto en medicamentos y de sus precios, a pesar de la convertibilidad y los bajos índices de inflación de entonces.

La perdurabilidad de las políticas de mercado como eje de las políticas de medicamentos, en una concepción de Estado garante de derechos, como lo visualizamos a partir del 2003, nos hacía prever circunstancias como las actuales donde la industria se asocia rápidamente a las especulaciones financieras e incrementa unilateralmente sus precios, sin justificación en la estructura de costo.

Pese a ello se intentó forzar propuestas de gestión y normativas que instalaran la capacidad de compra y producción del Estado como regulador de esta situación de hegemonía de la industria farmacéutica.

El 29 de julio de 2011 fue promulgada la Ley Nº 26.688 que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos (PPM), para promover la accesibilidad de medicamentos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico. La ley fue publicada el 02/08/11 en el Boletín Oficial y está a la espera de su reglamentación por parte del Ministerio de Salud.

La implementación efectiva de esta ley tendría un alto impacto en los ámbitos de Salud y de CyT. Pero, inexplicablemente, la reglamentación viene demorada. La capacidad de compra del Estado continúa vigente en programas de gobierno destinados a la cobertura de medicamentos para amplios sectores sociales sin cobertura formal, a pesar de fuertes presiones para darle el gerenciamiento de esos programas a la industria.

En este marco se inicia una negociación por parte del Gobierno intentando retrotraer los precios de los medicamentos a los valores de diciembre (cuyos incrementos ya superaban los índices de inflación). Las primeras respuestas muestran viejas propuestas que fueron aceptadas por gobiernos permeables a las políticas de mercado (canasta de medicamentos con escasa incidencia en el consumo popular) y que el actual gobierno garante de derecho y constructor de ciudadanía deberá enfrentar, buscando no solamente bajar los precios en relación a políticas económicas y antiinflacionarias, transparentando la estructura de costos y rentabilidad de una industria que jerarquiza sus bienes como de mercado, sino como políticas socio sanitarias orientadas a sostener y ampliar la accesibilidad (derecho), entendiendo al medicamento como un bien social.