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VIENDO 15/6/15
Investigación

#Investigación

Debate: necesidad pública y negocios privados

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BUENOS AIRES: La irrupción de la gripe A alertó sobre un problema nunca resuelto: los derechos de propiedad en los medicamentos. Página 12, lunes 3 de agosto de 2009.

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Píldoras de calcio elevarían riesgo de ataque cardíaco
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BUENOS AIRES: Un estudio reciente sugiere reemplazar suplementos de calcio por acciones saludables. Ámbito Financiero, lunes 2 de agosto de 2010.
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La obesidad, tan peligrosa como fumar
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BUENOS AIRES: Aumenta los gastos en salud y las enfermedades cardio-vasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Clarín, miércoles 6 de enero de 2010.

La irrupción de la gripe A como pandemia alertó sobre un problema nunca resuelto: ¿los derechos de propiedad en los medicamentos garantizan su producción en cantidad necesaria, o la impiden? Dos especialistas analizan la situación en esta materia.

La salud de los mercados, por Iván Heyn (Economista AEDA)

La Organización Mundial de la Salud (OMS), según su web institucional, “es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. En el siglo XXI, la salud es una responsabilidad compartida, que exige el acceso equitativo a la atención sanitaria y la defensa colectiva frente a amenazas transnacionales”. Recientemente, la directora general de la OMS, Margaret Chan, advirtió que no existe una producción suficiente de vacunas contra la gripe A (H1N1) para todos los que las necesitan. Chan aseguró que las empresas farmacéuticas necesitan incentivos, incluidos patentes lucrativas, para poder seguir creando nuevos medicamentos y vacunas contra amenazas sanitarias emergentes.

En la visión económica subyacente del discurso se encuentran dos aspectos relevantes:

- El mercado es el mejor asignador de recursos. Serán las señales del mercado las que determinan cantidades y tipos de productos que deben producirse para garantizar la salud.

- Para que las empresas produzcan los medicamentos es necesario generar incentivos via derechos de propiedad como las patentes. Una patente es un derecho de propiedad sobre una idea o descubrimiento que garantiza el monopolio de producción de estos productos solo a las empresas que poseen dichas patentes.

Al analizar las recomendaciones sanitarias de la OMS para combatir la actual pandemia, señalan que debe tratarse a los pacientes diagnosticados con los retrovirales para impedir que el virus siga su propagación y mute a variedades más resistentes. Estas recomendaciones se dan de frente con la barrera la libre acción del mercado.

El proceso que se observa es que los laboratorios que poseen las patentes del producto limitan su producción al segmento para el cual existe demanda, es decir donde hay rentabilidad, y por lo tanto la producción actual de medicamentos no alcanza para toda la población mundial. Así, los países con mayor poder adquisitivo han acaparado las existencias y han presionado al alza los precios bloqueando la posibilidad a los países subdesarrollados, que cuando las señales de mercado funcionan correctamente, no pueden demandar estos medicamentos por los elevados precios.

La solución que surge de la directora de la OMS es dar incentivos a las industrias farmacéuticas. Suena irracional pero es así: Garanticemos la rentabilidad de las empresas dando incentivos, es decir transfiriendo de recursos desde la sociedad a las empresas, para de esta manera garantizar el acceso a los medicamentos. Los economistas saben bien cómo realizar estas transferencias: vía presión impositiva en los países desarrollados y vía endeudamiento en los subdesarrollados.

¿Existen alternativas?

La primera definición que debemos resolver es qué es más importante: los derechos de propiedad o la salud. Para Chan claramente la opción es la primera, en el caso de que se considere que la salud es más importante deberían dejarse de lado la protección de los derechos de propiedad intelectual y permitir que los laboratorios públicos, ya sea de universidades o de hospitales, produzcan los retrovirales. Seguramente en términos económicos es ineficiente producir para personas que no pueden pagar, pero de lo que se trata es de garantizar la salud.

Las contradicciones entre la salud y mercado no son nuevas aunque hoy vuelvan a ser redescubiertas con la pandemia de la gripe A. Tal vez el caso más flagrante de ineficiencia del mercado en temas sanitarios para los países pobres y subdesarrollados como el nuestro es el del Mal de Chagas. Esta enfermedad transmitida por la vinchuca afecta principalmente a los sectores más pobres de los países más pobres.

En nuestro país existen más de 3 millones de infectados y en América latina son más de 25 millones. Los pocos recursos destinados a investigar las soluciones y cura para este mal surgen de los flacos presupuestos de los países en desarrollo, dejando el sector privado una vez más un vacío que no se resuelve vía mercado.

Estas visiones sobre cómo garantizar la salud han tenido en los últimos años expresiones en las gestiones de salud de los niveles nacionales y municipales. A nivel nacional la política de salud desde 2002 en adelante puso su eje en la prescripción de medicamentos genéricos permitiendo un mayor nivel de competencia entre laboratorios multinacionales y nacionales favoreciendo el desarrollo de la industria farmacéutica local. Esto fue acompañado con el avance de la producción de medicamentos en laboratorios públicos que recibió un fuerte impulso en 2007 a través de la creación de la Red de Producción Pública de Medicamentos a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación.

Mientras tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por Mauricio Macri, vetó una ley de la Legislatura porteña que creaba un laboratorio público para la producción de medicamentos. Los argumentos se centran en la gran complejidad que tiene producir medicamentos y por lo tanto revelan una concepción ideológica donde las cuestiones complejas hay que dejarlas al mercado.

Epidemias, economía y salud. Por Mario Rovere (sanitarista)

En un momento en que se insinúa que el pico de la epidemia de influenza A puede haber quedado atrás, aunque sin un pronóstico cierto de cómo puede desenvolverse en los próximos meses, el debate parece trasladarse a la existencia cierta de una vacuna que se demora en nacer y a su posterior distribución equitativa que desde la OMS se apresuran a asegurar. La sociedad argentina, las clases medias de las grandes ciudades, han definido sus propias estrategias defensivas, de tal forma que las decisiones empresariales, organizacionales y hasta estatales de cierre o postergación de actividades parecen simplemente acompañar lo que la población ya ha decidido.

Tal vez haya que remontarse a la mitad de la década del cincuenta, en plena epidemia de polio, para encontrar un problema de salud pública que haya movilizado tanto a la sociedad.

Es que la salud, como la naturaleza, toma cuenta de ciertas postergaciones y luego pasa factura; no siempre en forma automática pero tarde o temprano la pasa. Aún está fresco el recuerdo de un gobernador sugiriendo, con cierta liviandad, el cierre del Ministerio de Salud de la Nación.

Emergencia sanitaria ¿sí o no? Una pregunta que desvela y devela que en el trasfondo de esta epidemia subyace un viejo dilema de la salud pública que desde hace más de dos siglos era vista como un límite al libre comercio, confrontando como hoy lo hacen la ecología y la economía. Las epidemias han causado cuantiosos daños y en muchas ocasiones el destino en el campo de batalla, en el orden político o en las actividades económicas se han visto catastróficamente alterados. John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, declaraba luego de una gran epidemia: “Parece necesario que el Congreso, quien es el único que puede regular el comercio, le dé forma a un sistema que, mientras tienda a preservar la salud general, pueda ser compatible con el interés del comercio y la seguridad de las rentas”. Dos siglos después el nuevo Reglamento Sanitario Internacional dice casi textualmente lo mismo: “La finalidad y el alcance de este Reglamento es prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud pública proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales”.

Luego de dos siglos, la compatibilización entre mercado y salud pública se hace cada vez más difícil. Las interrelaciones se multiplican y el caso del H1N1 parece comprobarlo. En su origen se incrimina a la producción porcina. No se refiere a una granja familiar, según Le Monde Diplomatique, la Smithfield Food hacina en la frontera México-Texas un millón de cerdos en doscientas porquerizas generando suficientes contactos múltiples como para que las mutaciones virales ocurran. Claro que en la globalización económica la concentración en el rubro de la producción cárnica es una tendencia mundial y lo mismo podría haber ocurrido en otros rubros (aves, vacunos, huevos, leche, alimentos transgénicos, etc).

Una vez desatada como pandemia, dos antivirales se disputan el centro de la escena, el valor de las acciones de las empresas que lo producen se ha disparado. Por otro lado, cinco laboratorios han recibido del gobierno de Estados Unidos muestras del virus influenza A H1N1 para producir vacunas. Luego vendrán los ensayos clínicos y naturalmente las acciones de estas empresas también subirán. La Argentina llevó al Mercosur su posición para liberar las patentes de su producción.

Las pérdidas económicas de una epidemia son varias veces millonarias. Rubros vinculados a consumos más suntuarios o postergables como turismo, transporte, espectáculos culturales y deportivos, etc., se reducen complicando la situación de países que vienen buscando como protegerse o minimizar los efectos de la crisis económica mundial.

El grupo financiero IXE estimaba las pérdidas económicas directas generadas por la epidemia en México en un 0,7 del su PBI equivalente a un 76 por ciento del total del presupuesto público en salud de un año y como siempre flotará la pregunta sobre qué resultados se hubieran logrado si ese dinero se hubiera invertido en salud en forma anticipada.

Ya en Perú, durante el año 1991, se estimaba que los costos de la entonces epidemia de cólera eran de tal magnitud que hubieran alcanzado para proveer de agua potable a la población de sus grandes ciudades, con lo que se hubiera evitado la diseminación de la epidemia. Mientras tanto, Obama parece querer meterse en un tema espinoso. Su plan de salud, que cubrirá a cincuenta millones de personas –pese a ello– parece no ser muy popular y las reacciones de los lobbies de un sector caro e injusto, grandes financiadores de la política, no se hacen esperar. Aunque en otra escala, nuestro sistema de salud sufre de problemas parecidos. Su desempeño sistémico en la epidemia deja suficientes dudas como para empezar a pensar en una fuerte redefinición.