Edición y Dirección General
Farm. Néstor Caprov

VER STAFF
VIENDO 23/3/17
Medicamentos

#Medicamentos

Parlamento uruguayo comienza a discutir tratado que afectaría desarrollo de medicamentos genéricosADJUNTO

Medicamentos

MONTEVIDO, marzo 23: El gobierno envió al Congreso de ese país el proyecto para ratificar el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Chile. Laboratorios locales aseguran que encarecerá la producción de fármacos, porque las patentes quedan “en manos de trasnacionales”.

#Opinión
Lesiones cerebrales: ¿cómo tratar una de las principales causas de discapacidad?
ADJUNTO
BUENOS AIRES, julio 16: Según Mariana Cannellotto, directora médica de BioBarica, en el mundo, los accidentes de tránsito, deportivos o laborales son la causa más frecuente de traumatismo de cráneo. Si no se tratan pueden ocasionar alteraciones neurológicas y afectar las actividades diarias.
#ConvenioPAMI
El PAMI y los laboratorios reanudan su “guerra fría” por deudas del viejo convenio
ADJUNTO
BUENOS AIRES, julio 12: La obra social y la industria farmacéutica negocian en silencio por el reclamo de unos 4.200 millones de pesos que se adeudan del viejo contrato. La disputa apunta además al sistema de fijación de precios.

Como sucede en la Argentina, en estos días Uruguay discute sobre las patentes y como estas afectan el acceso a los medicamentos. Lo hace en el marco de un polémico tratado comercial firmado con Chile que deberá ser ratificado en el parlamento. Los laboratorios nacionales y la cámara de fertilizantes rechazan la adhesión de Uruguay a este acuerdo. El diputado socialista Roberto Chiazzaro aseguró que permitirá que “la propiedad intelectual quede en manos de transnacionales” y que se “limitará absolutamente el desarrollo de los medicamentos genéricos”, encareciéndolos.

“Cada parte deberá hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP)”, establece el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Uruguay y Chile el año pasado. El TLC aún no fue ratificado, pero el Poder Ejecutivo ya envió este lunes al Parlamento un proyecto para hacerlo.

El TCP es un acuerdo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) firmado en Washington en 1970, que establece procedimientos internacionales de patentamiento. Estos procedimientos estandarizados buscan facilitar el patentamiento y establecen ciertas reglas por encima de los procedimientos nacionales.

Actualmente, en Uruguay el solicitante de una patente tiene un período de 12 meses desde la fecha del primer depósito de la patente para buscar la protección en otros países, lo que deberá hacer en las oficinas nacionales de cada país. Con el procedimiento que establece el TCP, el solicitante cuenta con un plazo de 30 meses para definir en qué países desea solicitar el registro. El TCP tiene actualmente 151 estados miembros, entre ellos Brasil, Perú y Chile.

En el proyecto de ley que está a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo argumenta que el TCP busca fomentar “el progreso y la investigación tecnológica, así como una protección más eficaz de las invenciones”. Afirma que el tratado establece “disposiciones procedimentales, que no interfieren ni limitan la soberanía nacional, ya que desde el punto de vista sustantivo, cada oficina aplicará su normativa interna y de acuerdo a la misma concederá o denegará el registro”. Alega que facilitará el trabajo de las oficinas nacionales de patentes, aunque acota que se requerirá “el ingreso de nuevos funcionarios a fin de atender la demanda de trabajo que implicaría el ingreso al sistema”.

En octubre del año pasado se llevó a cabo un seminario en el Parlamento, denominado “La propiedad intelectual en el marco de los TLC”, donde representantes de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) y de la Cámara Nacional de Fertilizantes y Fitosanitarios (CNFF) manifestaron objeciones a una eventual adhesión de Uruguay al TCP.

Alfredo Antía, presidente de la ALN, aseguró que provocará un aumento del precio de los medicamentos y recordó que la industria nacional farmacéutica provee 90 por ciento de los productos que se consumen en el país. Guillermo Arrospide, vicepresidente de la CNFF, afirmó que en 2014 hubo 215.000 solicitudes de patentes en todo el mundo en el marco de este tratado. “¿Se imaginan si ese número de pedidos recayera en el mercado uruguayo? Las empresas locales quedarían sin margen de creación o producción”, advirtió. “Implicaría la dependencia tecnológica de decisiones ya no de estados, con los que es posible negociar, sino de empresas que son transversales al poder de los propios estados”, consideró.

En la misma línea, el diputado socialista Chiazzaro, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, sostuvo que la propuesta de adhesión de Uruguay al TCP es “absolutamente inconveniente para el desarrollo del país” y que no está en línea con el programa del Frente Amplio (FA). El programa de la coalición de izquierda establece que los acuerdos en materia de propiedad intelectual “no deberán perjudicar el desarrollo sustentable del país, sus fuentes laborales ni su potestad de aplicar políticas públicas para alcanzarlo”. “Está bien claro que esto afecta las fuentes laborales nacionales. Lo dicen los trabajadores y los laboratorios”, afirmó el legislador.

“Yo creo que esto no se ha estudiado suficientemente. Quisiera que alguien me explicara cuáles son los beneficios que esto le trae al país, porque los laboratorios hablan de pérdidas de fuentes de trabajo, de perjuicio al desarrollo de la industria farmacéutica. Pero bueno, si el país quiere adoptar esa vía porque tenemos que firmar tratados de última generación, y se supone que eso nos pone en el top de la negociación internacional, bueno. Cuando suba el precio de los medicamentos y la gente no los pueda pagar, ya veremos”, cuestionó. Consideró que Uruguay tiene la opción de no adherirse al TCP, porque el TLC con Chile no dispone la adhesión obligatoria, y aseguró que argumentará en la bancada del FA para que no se vote el tratado.

Cristina Dartayete, directora nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería entre 2005 y 2010 y experta en el área, explicó que este tipo de tratados tienen “una doble cara: por un lado, facilitan a los investigadores nacionales el patentamiento en el exterior; pero, por otro lado, son perjudiciales” porque determinan “un incremento de las solicitudes de patentes extranjeras en Uruguay, como ha sucedido en todos los países que ingresaron al tratado”. “Una patente extranjera es una barrera paraarancelaria, en el sentido de que impide el desarrollo nacional en esa área de lo que está patentado. La patente es un monopolio, una barrera para investigar”, afirmó.

En la exposición de motivos del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo se sostiene que “en forma contraria a lo que se ha planteado en alguna ocasión, el ingreso al sistema no produce un volumen desmedido de solicitudes, sino que se atraviesa un primer lapso de diferimiento a raíz de la fase internacional, para luego retomar los volúmenes habituales [de solicitudes]”. Sin embargo, Dartayete sostuvo que la adhesión al TCP sí incrementó las solicitudes de patentes extranjeras en Chile, por ejemplo, donde “se perjudicó la industria de genéricos”.