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VIENDO 20/11/15
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Por no garantizar prestaciones a jubilados, la justicia procesó al titular del PAMI

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BUENOS AIRES, noviembre 20: Luciano Di Cesare está acusado de desviar 14 mil millones de pesos de la obra social para financiar al Estado nacional antes que para garantizar prestaciones de calidad a los afiliados. Para el juez Bonadio “el PAMI financió durante 5 años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social”.

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El manejo de los fondos del PAMI fue una de las políticas sanitarias más cuestionadas de este proceso político. El uso de millonarias partidas para financiar gastos del Estado, cuando la obra social no cumplía con obligaciones básicas, derivó en una denuncia en 2012, cuando se profundizaban algunas situaciones críticas, como la deuda a las farmacias. Esta semana, la justicia decidió procesar al titular de la entidad, Luciano Di Cesare, y le trabó embargo a sus bienes. El juez de la causa asegura que por cinco años el PAMI compró letras del tesoro nacional por 14 mil millones de pesos, sin garantizar “prestaciones de calidad”. La defensa del funcionario.

El procesamiento de Di Cesare llegó a días del balotaje, por un juez polémico como Claudio Bonadio, que viene siendo criticado por el gobierno. El magistrado procesó al funcionario por fraude al Estado por desviar 14 mil millones de pesos de la obra social de jubilados a la compra de letras del Tesoro entre 2008 y 2012 para financiar al Gobierno. “El PAMI financió durante 5 años al Estado Nacional a costas de un evidente perjuicio a los beneficiarios de la obra social que son, principalmente, los abuelos jubilados y pensionados que necesitan la prestación”, sostuvo Bonadio en su fallo, según el diario Clarín de hoy.

Los números que maneja el juez muestran la magnitud del manejo de los fondos. Los peritos de la Corte, citados por Clarín, señalaron que el año 2007 -cuando Graciela Ocaña dejó el PAMI y pasó al ministerio de Salud- terminó con un superávit de 1.693 millones y el 2008 con otro de 1.324 millones. Sin embargo, tras la compra de las letras, "en el 2009, el PAMI arrojó una utilidad de 894.295.211 de pesos. En 2010, en cambio, el instituto tuvo un déficit de 215.645.891 de pesos. En 2011 continuó el déficit, por el monto de 1.702.014.344 de pesos. Finalmente, en 2012 el déficit ascendió a 2.073.800.456".

Ante esto, Bonadio resaltó que aquella "operatoria la hizo sistemáticamente sin intervención de las áreas especializadas del Instituto (Gerencia Económica Financiera) y sin ninguna tramitación administrativa interna que aconsejara o resolviera conveniente la inversión". La inversión "impidió", dijo el juez, que la entidad "contara con fondos que debía aplicar a sus fines propios", consignados en la ley 19.032 y no destinados "al financiamiento del Estado Nacional".

La denuncia original fue realizada por la ex titular del PAMI, y presentada por el fiscal Carlos Stornelli. Como parte de la investigación, el magistrado indagó también al ex ministro de Economía Hernán Lorenzino, al ex titular del Banco Central Juan Carlos Fábrega y a tres gerentes del PAMI: Carlos Ariel Lieutier, Pedro Miguel Insausti y Danilo Carlos Zelaya. A Lorenzino, el juez Bonadio le dictó falta de mérito, mientras que los otros cuatro funcionarios fueron sobreseídos.

Bonadio dispuso además "trabar formal embargo, sobre los bienes y dineros del nombrado, suficientes hasta cubrir la suma de pesos" contra Di Cesare y ordenó que se presente en su tribunal "dentro de las 72 horas de anoticiado, con el objeto de notificarlo, imponerlo del embargo y extraerle triple juego de fichas dactilares", según el fallo.

Según Ocaña, en 2012 el PAMI tenía aprobado un presupuesto para todo el año de 26 mil millones de pesos, pero habría usado parte de ese monto para comprar 2.330 millones de Letras del Tesoro con el objeto de financiar los gastos del Gobierno.

En su declaración indagatoria, Di Cesare argumentó que la compra de Letras no sólo fue legal, sino que resultó en una operación exitosa para el organismo. "La diferencia de los intereses entre tener el dinero en plazos fijos y haber adquirido las Letras del tesoro fue más de 293 millones de pesos", argumentó en aquel entonces.

A criterio de Bonadio, Di Cesare "abusando del cargo que ocupaba, desvió sumas de dinero de las arcas del PAMI, dándoles un destino diferente al que correspondía a sus fines propios y ocasionando, de esa manera, perjuicio en las prestaciones del organismo". El titular del PAMI apelará ante la sala II de la Cámara Federal, la más dura e independiente del Gobierno.