Edición y Dirección General
Farm. Néstor Caprov

VER STAFF
VIENDO 15/2/17
SeguridadSocial

#SeguridadSocial

Creció un 50% el número de amparos por medicamentos contra la obra social entrerriana

ADJUNTO
SeguridadSocial

PARANA, febrero 15: Un informe realizado por el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) aseguró que en 2016 los recursos judiciales para acceder a fármacos y prestaciones creció un 48 por ciento, y superaron los 500.

#SeguridadSocial
La Sanidad española comienza a cubrir la terapia que previene el HIV
ADJUNTO
MADRID, noviembre 1°: Desde hoy, el gobierno de ese país financiará los medicamentos que forman la llamada de profilaxis pre-exposición (PrEP), que forma parte de una estrategia de prevención para grupos de riesgo en materia de Sida.
#SeguridadSocial
La justicia ordena al gobierno de Salta entregar medicamentos a paciente sin cobertura médica
ADJUNTO
BUENOS AIRES, agosto 3: Según el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial el Ministerio de Salud Pública de esa provincia deberá entregar los fármacos a un paciente que padece hipertensión pulmonar primaria. la medida debe implementarse “de forma inmediata”, antes que la persona abandone el hospital donde está internado.

La judicialización de la seguridad social es uno de los temas que más preocupa en los últimos tiempos. Las nuevas autoridades del Ministerio de Salud nacional vienen trabajando para limitar los amparos que se producen, y piensan en la futura agencia de tecnología médica como un dique de contención para esta tendencia. Quienes más sufren esto son las obras sociales provinciales, que por cuestiones presupuestarias muchas veces no pueden afrontar estos pedidos. Un caso concreto es la entidad púbica entrerriana, que mediante un informe aseguró que en 2016 se duplicaron los recursos de amparo. El pedido de cobertura de medicamentos, de prestaciones y los reintegros, al tope de los reclamos ante la justicia.

El trabajo realizado por el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) recopiló las demandas que se produjeron el año pasado, y detectó que las mismas subieron un 48 por ciento. Con apoyo de la Fiscalía de Estado, se determinó que en 2016 se tramitaron 533 amparos, casi el doble de los 359 que litigaron en 2015. La principal causa de tramitación de amparos contra el IOSPER es por la cobertura de medicamentos, por prestaciones que no se cubren pero también por reintegros que se pretenden apurar.

“Hay un creciente presentación de amparos en el IOSPER. Lo más llamativo en todo esto es que se presentan amparos por cuestiones que no son de urgencia. Entiendo que haya un recurso de amparo por un medicamento que no llega, por una cirugía. En ese caso, asumo la responsabilidad de la obra social. Pero se están presentando amparos para lograr internación en servicios de geriatría y hasta para cobrar reintegros”, sostuvo a medios locales el presidente de la obra social entrerriana, Fernando Cañete.

Cañete admite que se ha creado una especie de “industria del juicio” respecto de la obra social provincial, la mayor prestadora de salud, que tiene un universo de 300 mil afiliados y que maneja un presupuesto mensual en prestaciones del orden de los 7 millones. “Hemos tenido amparos por servicios o prestaciones que ni siquiera se habían solicitado ante el IOSPER”, agregó.

“Entiendo que si un afiliado requiere una prestación, y el IOSPER no se la da, está bien que acuda a la Justicia con un recurso de amparo. Es nuestra responsabilidad brindar esa prestación. Pero hay prácticas o medicamentos nunca pedidos. Directamente la gente va con el recurso de amparo. Se ha desnaturalizado la esencia del amparo”, opina.

Y de paso el titular de la obra social provincial cuestiona la postura que hay en la Justicia, de dar cabida a todos los amparos. “En primera instancia, todos los fallos son contrarios al IOSPER. Y en el Superior Tribunal, con la anterior conformación, también teníamos todo en contra”, destaca Cañete. Se refiere a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de donde renunció el vocal Carlos Alberto Chiara Díaz, que así pudo zafar del proceso de juicio político. Uno de los reproches que le hicieron en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue, precisamente, su permeabilidad a los amparos contra el Iosper.

El informe del IOSPER y la Fiscalía de Estado que da cuenta del crecimiento de los amparos contra el Estado también da cuenta que se ha disminuido la cantidad de procesos en los que el Estado resulta demandado: hoy el número es de 3.066. A la vez, se ha incrementado la cantidad de juicios en los que la Provincia es actora: 2.923. “Dentro de las cifras antes precisadas merece destacarse que se contempla la intervención de la Fiscalía de Estado en todos los procesos de usucapión, postura esta que se ha adoptado desde hace ya 10 años, entendiéndola necesaria para una férrea defensa de los bienes inmuebles del Estado, lo que ha permitido, entre otras cuestiones, la recuperación de más de 200 mil hectáreas de terreno insular. Con este mismo propósito, se han iniciado también acciones de lesividad respecto de inmuebles fiscales ubicados en la zona de Las Lechiguanas procurando el recupero de bienes irregularmente sacados del patrimonio público”, señala el informe.

“En materia de acciones de amparo, la Fiscalía de Estado sigue interviniendo en todos los procesos que son notificados al Estado, con el esfuerzo que esto implica pues los plazos procesales de estos trámites son extremadamente breves y en días corridos, lo que nos obliga a sostener guardias permanentes durante las 24 horas los 365 días del año”, sostuvo Cañete. Dice además que en 2016 continuó la tendencia de crecimiento de estas acciones, habiéndose intervenido en un total de 533, las que resultan ser 174 causas más que las promovidas en el año anterior.

“Lo de IOSPER es realmente importante en cuanto a la cantidad de amparos que hay. A mi juicio, hay una apertura muy grande del Poder Judicial en admitir la vía del amparo para un abanico muy grande de prestaciones del IOSPER. Creo que es un tema a corregir”, opina el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.