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Polémica por el veto de la ley que cubría estudios y tratamiento de la trombofilia

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BUENOS AIRES, diciembre 27: El presidente de la Nación Mauricio Macri vetó la norma que fue aprobada en el Congreso, y que incluía los estudios y las diversas formas de tratamiento de la enfermedad dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO). Algunas sociedades científicas criticaron la ley, y aseguraron que tenía “graves fallas conceptuales”.

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A fines de noviembre de este año, el Congreso nacional aprobó la denominada Ley de Trombofilia, que incluyó a esta enfermedad en el Programa Médico Obligatorio (PMO). A partir de la normativa, el análisis de sangre que diagnostica el trastorno, como práctica rutinaria de control en las mujeres para la detección temprana de ese desorden, deberían ser cubiertos por la seguridad social. Pero esta semana, con la firma del presidente Mauricio Macri, se decidió vetar la ley, lo que generó una fuerte polémica. Mientras que legisladores y promotores de la iniciativa criticaron la decisión, algunas entidades científicas la celebraron, ya que aseguran que la norma tenía “serias fallas conceptuales”.

Mediante el decreto 1.281, publicado esta semana en el Boletín Oficial, el presidente Macri vetó en su totalidad la ley 27.335, que sancionaron todos los bloques luego de acordar la unificación de los proyectos en danza en uno solo. La trombofilia es un trastorno, hereditario o adquirido, que afecta a hombres y mujeres en la coagulación de la sangre, con propensión a la hipercoagulabilidad (formación de coágulos o trombos). Para las mujeres el riesgo aumenta durante el embarazo y puede producir abortos tempranos y que, sin diagnóstico, suelen ser recurrentes; partos prematuros; muerte fetal intrauterina o restricción de crecimiento intrauterino.

La ley incluía en el PMO el análisis de sangre además de otras formas de diagnóstico. Además, creaba un Programa Nacional para la investigación, diagnóstico y tratamiento en el marco del Ministerio de Salud. Para Juan Manuel Abal Medina, senador que impulsó la norma en la cámara alta, “una vez más, el Presidente recorta derechos sociales de manera unilateral, subestimando el rol del Congreso”.

Por su parte, Ianina Castro, de la organización Trombofilia y Embarazo, dijo al diario Página/12 que “hoy las mujeres llegan al análisis después de la tercera o cuarta pérdida (embarazo), por un reactivo que cuesta 9000 pesos, realizado de forma privada. Cómo podemos comparar el costo de la vida con un reactivo”. “Es un trastorno silencioso, hay mujeres que tienen abortos a las ocho o nueve semanas y entre toda la batería de estudio no se les manda a hacer el análisis para determinar si tienen trombofilia”, remarcó. En relación a la afirmación del veto de que “existen guías y consensos científicos ampliamente difundidos a nivel nacional e internacional”, Castro aseguró que “sin duda hay un amplio consenso para no hablar del tema”.

Pero a diferencia de estas opiniones, algunas entidades vinculadas a la enfermedad habían criticado la ley. Desde el Grupo Cooperativo de Hemostasia y Trombosis (Grupo CAHT) indicaron que la norma poseía “graves fallas conceptuales y peligrosas consecuencias, entre ellas” que “consideraba la trombofilia como una enfermedad, cuando en realidad es un factor de riesgo” y “obligaba a la realización indiscriminada de estudios en mujeres jóvenes y sanas”. Además, el grupo objetó que no se hubiera consultado para la realización de la norma a Sociedad Argentina de Hematología, a Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y a la Sociedad de Obstetricia, entre otras.

En el texto firmado por el jefe de Estado y el ministro de Salud, Jorge Lemus, el Poder Ejecutivo justificó el veto afirmando que la creación de un Programa "se justificaría en el caso de tratarse de una patología desconocida y/o no correctamente diagnosticada". En la línea de las críticas de hematólogos a la realización de estudios indiscriminados a mujeres asintomáticas, el decretó señaló que "la cobertura de los métodos de diagnóstico y tratamiento de la trombofilia, en los casos debidamente justificados por el médico tratante, está asegurada por el Programa Médico Obligatorio (PMO)".

La norma que había cosechado, mientras se discutía el proyecto en el Congreso, 24.539 firmas de adhesión en la plataforma Change.org declaraba “de interés nacional la protección integral psicofísica de las personas portadoras de trombofilia en todas sus formas” y se proponía la incorporación de los “estudios, tratamientos y medicación al Plan Médico Obligatorio”.

El tratamiento más utilizado con heparina, cuesta 6000 pesos la caja de 10 inyecciones. En tanto que, quienes ya cuentan con un diagnóstico, pueden hacer el seguimiento del trastorno coagulativo en forma gratuita en el hospital Durand, en la ciudad, y en el hospital Posadas, en provincia de Buenos Aires.