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VIENDO 2/8/16
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Alertan sobre el aumento de amparos judiciales para la cobertura de medicamentos y otros insumos

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BUENOS AIRES, agosto 2: Desde 2014 a la fecha, el Ministerio de salud nacional recibió más de 800 sentencias, por las cuales debe afrontar la cobertura de medicamentos, prótesis y tratamientos en general. El proyecto de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud le pondrá un freno a esta tendencia.

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Uno de los objetivos explícitos del proyecto que busca crear la llamada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, que hoy se encuentra en el Congreso, es limitar la cantidad de amparos y recursos judiciales para lograr la cobertura de la seguridad social de medicamentos, tratamientos y otros insumos. La idea es que este organismo decida antes que los pacientes lleguen a la justicia, y así evitar que muchos tratamientos experimentales tengan que ser cubiertos por mandato judicial. La preocupación del gobierno es frenar esta tendencia, que creció en los últimos años. Según datos oficiales, del 2014 a la fecha la cartera sanitaria tiene más de 800 órdenes judiciales para cubrir diversas prácticas. Medicamentos, prótesis y tratamientos en general, al tope de las demandas.

La cantidad de amparos judiciales para la cobertura de tratamientos experimentales, estudios y fármacos no autorizados en el país se multiplicaron en los últimos años. Según publica hoy el diario La Nación, en lo que va del año la Justicia ya avaló 214 reclamos, lo que corresponde al “73 por ciento de los pedidos realizados en 2015”. Todos fueron resueltos por la justicia federal, que notificó a la cartera sanitaria que debe cubrir los reclamos de esos pacientes, que incluyen medicamentos, prótesis y tratamientos en general.

Los datos de la tendencia de los amparos son contundentes. El matutino porteño informó que “entre 2014 y lo que va del año la cartera a cargo de Jorge Lemus recibió 821 amparos con sentencia favorable”. Eso incluye tanto los reclamos de beneficiarios de los programas nacionales que brinda y debe cubrir el Ministerio de Salud, como de usuarios de prepagas y obras sociales. En este último caso, la notificación es solamente informativa; la cobertura se ordena a cada prestador. En 2014 la justicia federal ordenó cubrir 313 tratamientos, mientras que el año pasado la cifra cayó levemente a 294 reclamos. Este año, las autoridades sanitarias ya acumulan 214 amparos por atender.

“El aumento de los números para este año se debería a una deuda de la gestión anterior con los prestadores de uno de los programas de cobertura nacional. Desde el ministerio informaron que hubo un crecimiento de los reclamos de parte de los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, también conocido como ex Profe por su nombre original: Programa Federal de Salud”, remarcó el diario La Nación.

A marzo de este año, la deuda con los prestadores ascendía a unos 350 millones de pesos, de acuerdo con los registros del proceso de regularización de los pagos a los proveedores desde diciembre pasado que se realiza a través de las provincias. Esos pagos se habían suspendido entre mayo y junio del año pasado, aunque el presupuesto del programa superaba los 7.500 millones de pesos, según informes oficiales sobre Incluir Salud. En 2014, el programa contaba con 1.048.390 beneficiarios.

En este sentido, la nueva agencia, además de unificar y potenciar los recursos destinados a la investigación y el análisis de utilidad de la aplicación de las distintas tecnologías sanitarias, tendrá entre sus funciones el diseño de directrices para la aplicación de dichas tecnologías; la coordinación, elaboración y difusión de los informes de evaluación y de guías de práctica clínica; y la introducción, uso y monitoreo de tecnologías sanitarias o su exclusión cuando no cuenten con adecuada evidencia científica y por consiguiente puedan ser lesivas o inútiles para las personas.

Además de los tratamientos, las intervenciones y los servicios de rehabilitación que necesitan las personas con alguna discapacidad, hay enfermedades consideradas de muy alto costo que destruyen cualquier economía hogareña, más allá del nivel de cobertura que se tenga. Son más de un centenar los trastornos oncológicos, inmunológicos y hereditarios que pueden empobrecer a una familia cuando los tratamientos necesarios superan el 34 por ciento de los ingresos e incluyen medicamentos con precios en dólares.

Justamente, el acceso a esas terapias es el principal motivo de judicialización de la salud en nuestro país. El año pasado, en unas jornadas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires a propósito de los problemas de acceso a los llamados medicamentos de alto costo (MAC) se dijo que los amparos judiciales sólo para que las obras sociales, las prepagas y el Estado cubran esas terapias crecen un 10% anual desde hace 16 años.

En el ministerio que dirige Lemus consideran que, para eso, es fundamental contar con una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, que es como se conoce a esos organismos técnicos. De hecho, a mediados del mes pasado, el Senado recibió un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para crear la agencia en cuestión.