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VIENDO 18/4/16
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El futuro de la producción pública de medicamentos: debate entre especialistasADJUNTO

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BUENOS AIRES, abril 18: Convocados por la Agencia TSS, especialistas dieron su mirada sobre el futuro inmediato de la actividad, en el marco de un nuevo panorama político. Las deudas no saldadas del gobierno anterior, y la situación actual. La importancia de considerar el medicamento como un bien social, y garantizar el acceso de toda la población a los tratamientos.

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Durante la última década, la actividad de los laboratorios estatales creció notablemente en la Argentina, al punto de crear una red de casi 40 plantas, que abastecen al sistema público y privado de todo el país. Los medicamentos públicos fueron una alternativa a la emergencia luego de la crisis del 2001, y se fueron potenciando de la mano de sus ventajas estratégicas. En el último gobierno, dos leyes fundamentales instalaron la actividad entre las prioridades sanitarias, y prometieron sumar nuevas variantes al alentador panorama. Pero el cambio político producido el 10 de diciembre puso un freno a estas expectativas. Ahora, con el valor de los fármacos como fuente de debate, especialistas volvieron a poner la mirada en estos tratamientos, y en su futuro inmediato.

La agencia TSS convocó a tres especialistas en la materia para debatir sobre el futuro de la actividad. Guillermo Cleti, director del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe; Martín Istúriz, doctor en Farmacia y Bioquímica, y coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología; y Claudio Capuano, director de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Su mirada permite adivinar un poco el futuro de esta actividad, en un gobierno que no parece estar dispuesto a seguir el camino iniciado.

La producción pública de medicamentos está sufriendo las consecuencias de las medidas económicas y políticas tomadas por el Gobierno. Según sostuvo Cleti, tras ocho años consecutivos de proveer medicamentos para el programa Remediar, del Ministerio de Salud de La Nación, este año todavía no han recibido la confirmación de la compra por parte de esa cartera, a pesar de haber elevado la oferta en septiembre de 2015. “El LIF destinaba a Remediar un 25 por ciento de su producción total. El programa Remediar abastece a más de 7.000 centros de atención primaria de salud, que podrían comenzar a experimentar una escasez de medicamentos fundamentales producidos por este laboratorio, como la metformina, necesaria para personas que padecen diabetes, y el enalapril, para quienes sufren de hipertensión”, remarcó el especialista.

“En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, anunció que el plan Remediar no iba a seguir en el actual formato, pero no especificó cuál sería la participación de los laboratorios públicos en el nuevo Remediar. En cuanto al presidente Mauricio Macri, ya se expresó oficialmente en 2008 cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y vetó una ley de PPM”, dijo por su parte Istúriz.

. “Hay una gran deuda en materia de salud por parte de todos los gobiernos. Es como si la salud no diera votos. Una deuda que, por omisión, desconocimiento o falta de decisión política, aún no ha sido saldada. Por eso tardó tanto en reglamentarse la ley de PPM”, sostiene por su parte Capuano. “Y ahora, con Macri, los problemas existentes se agudizaron. Creo que es muy claro el lineamiento estratégico actual: la decisión política es que no se produzcan medicamentos”, agrega.

Este panorama planteado por los especialistas dista del entusiasmo que generó en su momento la ley 26.688, sancionada en 2011 y reglamentada en 2014, que declara a la producción pública “de interés nacional”, y de la ley 27.113, sancionada en 2014 y reglamentada en mayo de 2015, que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).

Ambos especialistas coinciden en que, partiendo de que la salud es un derecho, el medicamento” no debe ser considerado como un bien mercantil sino como un bien social y, por ende, debe ser garantizado por el Estado”. “La producción pública es una cuestión central para la soberanía en salud, para impedir que quedemos a merced de los precios que fijan los laboratorios internacionales. Tener tecnología propia es un instrumento de negociación. Esto no se trata de estar en contra de la industria privada, sino de estar en contra de los abusos, porque son conglomerados oligopólicos que se cartelizan para establecer los precios”, afirma Istúriz.

Para Capuano, “la producción pública sale por fuera de la lógica del mercado y posibilita tener medicamentos hasta 10 o 15 veces más baratos. Esto permite generar un mecanismo de control de precios”. El impacto económico, señala Istúriz, también se ve en la reactivación de toda una cadena de valor. “En la medida en que se complejizan los laboratorios, necesitan el soporte de pymes. Es como lo que pasó con la producción de satélites. Muchas veces, los laboratorios no cuentan con la capacidad tecnológica requerida y entonces tienen que recurrir a las pymes, cuya función y producción se ve así revalorizada”, indica.

“También hay un impacto científico, a través de convenios de investigación y desarrollo realizados con universidades y organismos de ciencia y tecnología, porque estas políticas no refieren solo a medicamentos, sino también a productos biomédicos que se importan”, remarca Istúriz. Según el bioquímico, el déficit comercial en el área es de unos 1900 millones de dólares, a pesar de que “hay mucha investigación en biomedicina, especialmente en laboratorios insertos en un ámbito científico, como el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin embargo, un laboratorio municipal no tiene la misma envergadura y capacidad que uno provincial”.

Para graficar la falta de apoyo político a la actividad, Istúriz resalta un caso clave. “La vacuna BCG, contra la tuberculosis, se produce en el país desde hace 50 años. Es una vacuna de referencia de la Organización Mundial de la Salud y se fabrica en el Instituto Biológico de La Plata. Para ser vacuna de referencia se requiere tener al menos unos 20 años consecutivos de controles de calidad impecables. Sin embargo, esa vacuna se sigue importando. En lo económico no es muy relevante, pero desde lo político es una señal brutal. Te están diciendo ‘no vas a fabricar ni la BCG’”, sostiene.

“Si tenés una afección y te prescriben un medicamento pero no lo podés comprar, no estás accediendo a la salud, aunque hayas accedido a un médico”. Con esta reflexión, recuerda Capuano, desde la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la UBA comenzaron, en 1999, a formarse un panorama de la situación en la que se encontraban los laboratorios. En 2001, conocieron a colegas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata que venían trabajando en el mismo tema y decidieron aunar esfuerzos. De esta manera, los expertos hablaban de impulsar la PPM en una época donde todo era crisis y en los hospitales no había medicamentos. “Me acuerdo que hicimos el primer encuentro y vinieron ocho personas, que nos miraban como diciendo ‘estos tipos están locos’”, ilustra.

Istúriz sostiene que, durante el gobierno de Cristina Kirchner, “hubo contradicciones internas muy importantes”. Y agrega: “Nunca se impulsó en la medida de lo necesario. La primera ley tardó tres años en reglamentarse y para eso tuvo que hacerse una nueva presentación de ley”. Tanto Istúriz como Capuano reconocen que la gestión en Salud que más se ocupó de la PMM fue la de Daniel Gollán, ministro de Salud de la Nación desde febrero a diciembre de 2015. “Juan Manzur (antecesor de Gollán en el cargo) no apoyó absolutamente nada. En cambio, Gollán fue uno de los promotores de la iniciativa, en 2007, como representante de la SECYT. Pero estuvo poco”, reflexiona Istúriz.

Con respecto al panorama actual y futuro, el científico dice: “Yo no soy muy optimista, porque el Gobierno está compuesto por muchos representantes de las corporaciones económicas y financieras. Los laboratorios van a seguir produciendo individualmente, pero es necesaria una decisión política para luchar contra las corporaciones”.

En tanto, para Capuano, “si bien hay una deuda histórica de los diferentes gobiernos, ahora la salud es tomada explícitamente como un objeto de mercado. Se está hablando de que la Argentina va a firmar tratados de libre comercio con países como Estados Unidos y Canadá. Esto puede traducirse en escasez de medicamentos y de inversiones en hospitales y centros de salud periféricos”.