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VIENDO 25/2/16

#SeguridadSocial

Crisis en el PAMI: confirma procesamiento de ex director por manejo irregular de fondos

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BUENOS AIRES, febrero 25: La justicia ratificó que investigará por “administración fraudulenta” a Luciano Di Cesare, quien estuvo a cargo de la obra social en la última etapa del gobierno anterior. Es por la colocación del Letras del Tesoro fondos de la entidad, mientras estaban afectadas los servicios a afiliados y los pagos a proveedores. La actual conducción del PAMI también denuncio al ex funcionario.

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urante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las quejas por la falta de pago a proveedores del PAMI se multiplicaron en todo el país. Esto generó entre otras cuestiones el corte de algunos servicios, que perjudicaron fuertemente a los afiliados. Mientras esto sucedía, la conducción de la entidad había colocado millones de pesos en un bono del tesoro nacional, lo que profundizó la falta de liquidez del organismo. Por eso, se denunció a Luciano Di Cesare, titular del PAMI, por “administración fraudulenta”. Esta semana, un fallo ratifica la denuncia, y confirma que se seguirá investigando al ex funcionario por este delito.

La sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Di Cesare, quien dejó su cargo el 10 de diciembre, cuando cambiaron las autoridades nacionales. La resolución firmada por los camaristas Horacio Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Farah, también ratificó el embargo de un millón de pesos contra el ex funcionario. Según explica la agencia Télam, “Di Cesare fue director ejecutivo del PAMI y quedó procesado por una denuncia referida a una millonaria inversión en Letras del Tesoro del Estado Nacional que impidió a la obra social contar con dinero para afrontar graves falencias en la atención de sus afiliados”.

El ex funcionario "tenía a su cargo la administración de bienes destinados a claros propósitos fijados por la ley; esos fines se vinculan a la atención de la salud y bienestar de las personas afiliadas y no fueron satisfechos en el período investigado; y lo anterior generó para el PAMI –amén de su estado económico anterior- un déficit, tanto prestacional y patrimonial, que está verificado a partir de pruebas concretas”, concluyó la Cámara.

En la resolución, difundida por la misma agencia de noticias, los camaristas remarcaron que la obra social no tuvo disponibilidad inmediata de "más de dos mil ochocientos millones de pesos que, desde fines de 2008 a fines de 2012, el Director Ejecutivo Di Césare decidió colocar en Letras del Tesoro del Estado Nacional que fueron renovadas ininterrumpidamente, sin intervención de áreas a priori competentes para emitir opinión".

"Las mentadas inversiones constituían un 20 por ciento del patrimonio", advirtió el fallo, en momentos en que se denunciaban falencias en las prestaciones de la obra social. Entre otros aspectos, se denunciaron falencias en el área de discapacidad, moras sin motivo en el pago de insulina, tiras reactivas, atención ambulatoria, falencias edilicias entre 2008 y 2012. Además, una pericia determinó que en ese período hubo "incremento del déficit y falta de liquidez".

En la causa consta que un informe interno recomendó a Di Cesare no renovar la inversión para destinar ese dinero a otros fines, pero fue ignorado. "Frente a dicho escenario, hay que prestar especial atención a que la ley sólo autoriza a colocar los fondos en letras cuando se trata de “excedentes” (art. 11 de la ley 19.032, conforme modificación efectuada por ley 26.422). En el caso, no existió explicación fundada de por qué los elevados montos empleados para ello –y no para elementales cuestiones como las apuntadas en la presente, que eran de conocimiento de las autoridades- encuadraban en tal concepto”, evaluó la Cámara.

Los camaristas remarcaron que "no se cuestiona ni la facultad legal de adquirir las Letras ni el tipo de inversión que implicaron. Lo objetable radica en que, infundadamente y en un contexto de falta de controles y de transparencia contable, se hubiere decidido que estaban dadas las condiciones especiales que la ley impone para hacerlo, cuando paralelamente se desatendieron los fines propios del Instituto".

Estos no son los únicos problemas legales que afronta el ex titular del PAMI. La actual conducción, encabezada por Carlos Regazzoni, denunció penalmente a su antecesor por supuestos manejos irregulares en los fondos de la obra social de jubilados y pensionados. La presentación, según fuentes judiciales, planteó que se debe investigar si Di Césare perpetró tres delitos: “defraudación contra la administración pública”, “defraudación por administración fraudulenta” y “negociaciones incompatibles con la función pública”. Los abogados que representan a Regazzoni presentaron la denuncia en la Cámara Federal porteña, que recayó por sorteo en el Juzgado Federal 4, de Ariel Lijo.

En declaraciones periodísticas, Regazzoni apuntó a la red de corrupción que dice está incrustada en el PAMI. Según sus palabras, lo encontró en la obra social de jubilados y pensionados “fue una barbaridad”, por lo que denunció penalmente a Di Césare, por supuestos manejos irregulares. Consultado sobre qué nivel de corrupción encontró en el PAMI en una escala de 0 a 10, respondió: “yo diría que hay un nivel 6, que es demasiado, una barbaridad”.

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