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VIENDO 5/8/15
Producciónpública

#Producciónpública

Entre Ríos: reactivan el proyecto para crear una planta provincial productora de medicamentos

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Producciónpública

PARANA, agosto 5: Un legislador quiere que el Estado se haga cargo del proyecto de 2003, que buscaba que la provincia tenga un laboratorio propio que surta de productos esenciales para el sistema de salud. La iniciativa requiere una inversión inicial de 60 millones de pesos.

#SeguridadSocial
Justicia de Entre Ríos embarga obra social por negarse a cubrir fármaco contra la AME
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PARANA, septiembre 12: Un juez de la capital provincial paralizó las cuentas de la obra social de los empleados de comercio OSECAC ante la negativa de la entidad de otorgar el medicamento Spinraza a dos niños que padecen atrofia muscular espinal (AME). La entidad de salud argumenta el enorme impacto económico de la medida. Luego del fallo, se pagará el tratamiento requerido.
#Suicidios
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BUENOS AIRES, septiembre 9: Maureen Birmingham, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la Argentina recuerda los ejes de esta fecha, que se eligió para concientizar a nivel mundial que el suicidio, considerado uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial.

En el año 2003, el entonces gobernador de Entre Ríos Sergio Montiel creó por decreto Infader, una planta productora de medicamentos bajo dominio estatal. La misma tenía como objetivo surtir al sistema sanitario local de versiones genérica de algunos fármacos esenciales, y así bajar los costos en materia sanitaria. Pero las presiones de la industria farmacéutica y la falta de apoyo de los sucesivos gobiernos dejaron sin efecto la iniciativa. En estos días, un diputado provincial busca reactivar la idea, a través de un laboratorio sociedad del Estado, que se incorpore a la red de producción pública que avanza en todo el país.

El legislador Luis Jakimchuk recuperó el viejo proyecto de Montiel y comenzó a darle forma a su proyecto, para que Entre Ríos tenga como otras provincias una planta productora de medicamentos. Para esto quiere que se transforme la vieja estructura de Indefer –hoy en manos de la obra social provincial y de un ente de ayuda social –en una sociedad del Estado, y así retomar su actividad.

El decreto1767/03 de Montiel creó el laboratorio productor, con sede en Paraná, pero nunca terminó de concretarse. Hoy, lo que queda de esta sociedad anónima está en manos del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) y del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER). El objetivo es hacer Industrias Farmacéuticas de Entre Ríos Sociedad del Estado como etapa superadora.

El proyecto propone una inversión de 60 millones de pesos inicial, y estaría inicialmente en Paraná, “sin perjuicio de lo cual podrá establecer sucursales en cualquier otro lugar que así se determine”. Según publicó el portal Recintonet, no se especifica de dónde ni cómo se administrarán los fondos, en una provincia donde se llevan creadas más de media docena de sociedades estatales.

Entre otros aspectos, el proyecto indica que “el término de duración de la sociedad se establece en veinte (20) años contados desde la inscripción del Estatuto en el Registro Público de Comercio”; mientras que el objeto de Infader SE será “dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, a la organización, gerenciamiento y gestión de sistemas parciales e integrales de control, provisión, logística, distribución y comercialización de medicamentos, drogas e insumos de farmacias y de establecimientos de Salud Pública de Entre Ríos”,

“Desde esta gestión gubernativa se realizaron varios intentos como el caso de reflotar y reorganizar a Infader que es una empresa creada por decreto del Poder Ejecutivo por allá en el año 2003; pero que lamentablemente al quedar en la órbita de institutos y entes -si bien descentralizados- sometidos a una lógica y a un movimiento operativo comercial”, argumentó Jakimchuk.

En 2012 hubo un cruce de reproches, precisamente entre Jakimchuk y el dirigente radical, Alberto Rotman, sobre la producción pública de medicamentos en Entre Ríos. Rotman había acusado al justicialismo por la falta de avance, en sus gobiernos, sobre la empresa de medicamentos que impulsó la gestión radical. Jakimchuk le salió al cruce, destacó políticas nacionales, valoró los emprendimientos privados que se realizaban en la provincia y afirmó respecto a la producción estatal: “como lo sostiene la doctrina justicialista, el papel del Estado es subsidiario en tanto y en cuanto no existan actores no estatales que puedan ejercer la actividad en las condiciones que se necesitan. El gobierno provincial sería (a mi entender) totalmente irresponsable, comprometiendo al erario público si pretendiera levantar un laboratorio exclusivamente estatal, cuando es factible conseguir los productos a precios razonables en el mercado”.

En la Argentina existen 40 laboratorios de producción de medicamentos, aunque 9 son apenas farmacias hospitalarias que fraccionan comprimidos. Los que han alcanzado un elogiable nivel de gestión y producción son, según los especialistas, Puntanos de San Luis, Hemoderivados de Córdoba, Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM) de Rosario y Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de Santa Fe, que tienen modelos de funcionamiento autárquico.

Los laboratorios de producción pública pasaron de una producción de 90 millones de unidades en 2003 a 620 millones en 2010, con un crecimiento del 680 por ciento. La capacidad potencial plena ha sido calculada en 680 millones de unidades anuales, es decir, que se aproximan a su techo productivo, aunque con disparidades, ya que sólo 8 de los 40 son proveedores del Programa Remediar del Ministerio de Salud de la Nación.

Cabe recordar que la ley 26.888 declara de “Interés Nacional la Investigación y Producción Pública de Medicamentos y Materias Primas para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos”. El primer proyecto de ley nacional en esta temática fue presentado por Eduardo Macaluse (diputado nacional mandato cumplido) en 2002. En 2009 se sumó otro proyecto de ley presentado por el diputado Mario Martiarena, y se alcanzó un dictamen de consenso en 2010, que alcanzó media sanción en Diputados en el mismo año, con 180 votos a favor y 3 abstenciones. En junio de 2011 fue finalmente sancionada por unanimidad en Senado.