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VIENDO 15/6/15
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Polémica en Mendoza por los fondos de la obra social provincial retenidos por el gobierno

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MENDOZA, mayo 22: La mutual de los policías provinciales aseguran que el gobierno retiene unos 300 millones de pesos de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). El gobierno lo niega, y afirma que están al día los giros. Legisladores redoblan la apuesta: se deben 360 millones. Las prestaciones, en peligro.

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Obra social de Santiago del Estero acuerda con farmacias dispensa de medicamentos
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SANTIAGO DEL ESTERO, diciembre 6: El Instituto de Obra Social del Empleado Provincial (IOSEP) y el Colegio de Farmacéuticos local firmaron el convenio para la provisión de tratamientos a afiliados para todo el 2020. El sistema capitado tendrá una suma fija mensual de 40 millones de pesos. Se acordó además una auditoría para todo medicamento de alto costo.
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No nos equivocamos: a la COFA y Peretta se les cae el convenio
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BUENOS AIRES, junio 10: Según confirmó FACAF, la justicia hizo extensiva la medida cautelar al convenio 707/15, como ya había hecho con el 702/14, ambos firmados entre la entidad farmacéutica y el SAFYB. De esta forma, ninguno de los acuerdos están vigentes, y por lo tanto no deben aplicarse. Otra mentira que se cae para el nuevo binomio.

Los problemas en la seguridad social, que incluye la enorme deuda del PAMI con las farmacias, tienen en las provincias una cara muy visible: las obras sociales estatales. Las denuncias por deficiencias en la atención y por escases de fondos se multiplican por el país, y en algunas zonas amenazan con la normal cobertura. Esta semana, en Mendoza hubo cruces entre trabajadores estatales y funcionarios del gobierno por los fondos de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), que al parecer retiene el Ejecutivo. Se habla de 300 millones de pesos que no permiten una normal atención de los afiliados.

La denuncia la realizó la Asociación Mutual para el Personal Policial (AMUPPOL), que afirmó esta semana que el gobierno mendocino retiene 300 millones de pesos del OSEP, lo que genera mala atención en la entidad. Según algunos legisladores, el monto que debería reclamar la mutual sería de 360 millones de pesos.

Ante esta situación, el diario Los Andes consultó al ministro de Hacienda Juan Antonio Gantus, quien rechazó la acusación de retención indebida y aseguró que “desde el Tesoro provincial se transfieren entre cinco y seis millones de pesos extra por día a las cuentas de la OSEP; es decir alrededor de 150 millones de pesos por mes (teniendo en cuenta que las transferencias se hacen en días hábiles)”.

Pero en la Legislatura se cuentan otros números, dijo el diario. Se indica que los 360 millones corresponden no sólo a los aportes de los afiliados retenidos de los sueldos estatales, sino que también incluirían los aportes patronales, es decir el proporcional que debe pagar el Estado a la OSEP en calidad de empleador. El diputado Juan Carlos Jaliff dijo que “estaban investigando si efectivamente había una deuda o si los fondos están depositados en el Banco Nación, pero que están inmovilizados para cubrir el descubierto bancario de todas las cuentas oficiales, eso que se llama “fondo unificado”.

“De acuerdo a las fuentes consultadas se estarían reteniendo los aportes de afiliados desde el mes de febrero. Así es que la cuenta llegaría a los 360 millones de pesos”, agregó el medio local. Estos servicios cortados son los que han desatado una ola de quejas de los afiliados y así es cómo ha explotado la denuncia en AMUPPOL, debido a los reclamos de los uniformados a la mutual policial.

La semana pasada el titular de AMUPPOL, Omar Alcalde, salió al ruedo con una carta documento y sendas notas a todos los bloques legislativos y a las comisiones de Derechos y Garantías de ambas Cámaras denunciando la deuda y solicitando soluciones a los cortes de servicios. Esos documentos fueron ventilados por este diario en su edición de ayer y desde ayer se reiteran las consultas a entes oficiales para lograr una explicación.

En los corrillos se intenta explicar los motivos para el accionar de AMUPPOL y de Alcalde en base a una interna que lo enfrenta con otra organización policial, el Centro de Retirados de la Policía de Mendoza (CERPOL), entidad que tuvo protagonismo en un incremento de las jubilaciones a uniformados retirados.

Y tal vez sea verdad que exista esa competencia por la legitimidad de la representación policial, pero tampoco es suficiente argumento para negar la deuda que el titular de AMUPPOL denuncia y que desde la oposición investigan, no sólo Jaliff en el Senado, sino también Tadeo García Zalazar en Diputados.

Los interrogantes se evacuarían con algunas consultas informáticas referidas al saldo mensual de las cinco cuentas que tiene la obra social en el Banco de la Nación Argentina. Pero en los últimos dos días reinó el silencio tanto en el Ministerio de Hacienda, como en la obra social. Recién ayer a última hora el ministro Gantus dio explicaciones.